El Indert resolvió crear una comisión para el estudio de títulos de propiedad del ciudadano Kazumi Nemoto, cuyo inmueble fue invadido por supuestos campesinos sin tierra. El lote se encuentra localizado en el área rural de Presidente Franco, Alto Paraná.
La titular del Indert, Abg. Gail González Yaluff, designó a los funcionarios responsables de realizar el estudio técnico de los documentos de Kazumi Nemoto. Según la resolución 2203/2022 la tarea será cumplida por los abogados Nathalia Bizzozzero y Jorge Vázquez junto con la ingeniera Mónica Encina.
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Al mismo tiempo, el Indert solicitó a la Comisión de Reforma Agraria de la Cámara de Senadores la formación de una comisión interinstitucional, con representantes de ambas instituciones, para realizar una verificación conjunta de los documentos en torno al inmueble.
El titular de la comisión de reforma agraria del Senado, senador Hugo Richer (FG), visitaba con regularidad a los ocupantes de las tierras de Kazumi Nemoto y prometió apoyo para la legalización del inmueble en favor de los invasores.
La comunicación del Indert con la Cámara de Senadores tuvo lugar el 12 de julio último, según consta en la nota Nro. 335/22 remitida al Congreso.
Desalojo de las tierras
El pasado 12 de julio, el Ministerio Público y la Policía Nacional dieron cumplimiento a la orden de desalojo firmada por la jueza Nathalia del Rocío Moreno, de Ciudad del Este.
La invasión comenzó en setiembre de 2020. En los últimos dos años, la inacción del Ministerio Público tuvo como resultado el crecimiento del área invadida. La ocupación comenzó con 20 hectáreas hasta llegar a 150 hectáreas, con alrededor de 100 personas dentro del inmueble.
Entre los invasores se encontraban docentes, funcionarios de la Municipalidad de Presidente Franco y del Ministerio de Salud Pública así como un buen número de comerciantes. Todos los invasores cuentan con viviendas tanto en Ciudad del Este como en Presidente Franco.
Los principales dirigentes de la comisión vecinal, Arsenio Solís y Tiburcio Gómez Vega, desaparecieron de la ocupación al confirmarse la llegada de la Policía Nacional para el desalojo, abandonando a las familias asentadas.
Los ocupantes estaban obligados a entregar fuertes sumas de dinero, en forma regular. El aporte se destinaba, según los dirigentes, al pago de abogados y escribanía.
El Indert, por su parte, retiro el reconocimiento de la comisión vecinal Bertoni ante el atropello a la propiedad privada.