Víctimas del Ycuá Bolaños insisten en juicio político a ministro Jiménez Rolón

Las víctimas del Ycuá Bolaños insisten en que hay una ilegal injerencia del ministro de la Corte, Eugenio Jiménez Rolón en la causa. Un grupo lo acusa de que por su culpa no puede cobrar el resarcimiento, ya que avala el incumplimiento de órdenes judiciales. El abogado Oscar Tuma habla de la mal desempeño de jueces, camaristas y miembros del alto tribunal. Pide que se abra un sumario.

Carmen Ayala y Felipe Rolón, anoche en ABC TV en el programa "Expediente Abierto"gentileza
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Carmen Ayala y Felipe Rolón, víctimas del siniestrado supermercado Ycuá Bolaños, estuvieron anoche en el programa “Expediente Abierto” emitido por ABC TV. Lamentaron que a casi 18 años de la tragedia, ocurrida el 1 de agosto de 2004, no encuentren justicia.

Ayala era empleada del negocio cuando se registró el incendio, en el que falleció su pareja y quedó con una criatura de ocho meses. “Yo sigo esperando cobrar lo que me corresponde”, afirmó.

La mujer forma parte del grupo de 42 víctimas que no presentaron demanda en el fuero civil, sino siguieron en la parte penal en donde reclaman el resarcimiento.

De las 42 personas ya cobraron 21 alrededor de G. 300 millones cada una en el 2018. El resto pelea para que se levante el embargo que dispuso el Tribunal de Sentencia a fin de que reciban su dinero. Sin embargo, la directora de Contaduría General de los Tribunales, Graciela Gallardo, desacató la orden de la jueza Laura Ocampos, que luego se apartó del proceso y habló de que su imparcialidad y su independencia se ven afectadas por la abierta injerencia.

“La ilegal injerencia de Jiménez Rolón para que no se nos pague, denunciamos ante la Cámara de Diputados y pedimos su juicio política”, manifestó Ayala.

Felipe Rolón, al contrario de Carmen Ayala, demandó en el fuero civil en donde exigió su indemnización.

“Espero que se haga justicia. Sea en lo penal o en lo civil. No podemos seguir con este dolor”, agregó.

Tuma

Oscar Tuma, abogado de víctimas.

El abogado Oscar Tuma, quien representa a 113 víctimas que demandaron civilmente, afirmó que el pago a un grupo de afectados es ilegal. Agregó que la Corte tiene que abrir un sumario para determinar si hubo mal desempeño de jueces, camaristas o ministro de Corte.

El profesional apuntó que si la plata que depositó el seguro (más de G. 20 mil millones, de los cuales quedan un poco más de G. 8 mil millones), no alcanza, la Corte tiene que pagar de su presupuesto, porque avaló que se pague mal. “Todos tienen derecho a cobrar, tanto los que están en lo penal como las víctimas que recurrieron en lo civil”, dijo.

Tuma señaló que desde un principio planteó que el dinero sea prorrateado, porque de lo contrario no iba a alcanzar a los familiares de los que fallecieron o que sufrieron lesión grave.

Señaló que entregó nota a los ministros de la Corte.

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