Integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores, Vendedores de Quiniela, Bingo, Juegos de Azar y Afines (Sintraquiba) se movilizaron hoy frente a la sede central del Ministerio Público, cuya titular es Sandra Quiñonez, pidiendo el avance de la denuncia que presentaron en 2020 contra la empresa explotadora de la quiniela, TDP SA, cuyo directivo es Álvaro Wasmosy Carrasco, hijo del expresidente Juan Carlos Wasmosy.

Cabe recordar que días atrás, la fiscala María Estefanía González acusó y pidió juicio oral para siete de los ocho procesados por presuntos hechos punibles en la gestión de juegos de azar y entre ellos se encuentra Wasmosy, en el marco de la denuncia presentada por senadores a mediados del año pasado. La denuncia de los trabajadores es anterior a esta causa investigada por González, pero aún así no tiene avances.

Alicia Gutiérrez, representante del sindicato, señaló que se denunció a la citada firma por incumplimiento en el pago del impuesto establecido en la Ley N° 431/73, como explotadora de la quiniela adjudicada en 2015. También pidió que se investigue a las autoridades de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), en ese entonces presidida por José Antonio Ortiz Báez, porque su obligación era exigir el cobro de dicho impuesto y si la empresa se rehusaba a pagar, la siguiente instancia sería rescindirle el contrato. Sin embargo, la Conajzar volvió a adjudicar a la misma compañía para la explotación a finales del 2020, a pesar de incumplir con la citada normativa, que favorece a los veteranos de la Guerra del Chaco, ya que los recursos se van para estos beneficiarios.

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Gutiérrez contó que en respuesta a la movilización fue atendida por el funcionario Luis Albertini, quien verificó la causa presentada por el gremio y confirmó que la denuncia fue recibida el 30 de junio del 2020 y que la fiscala designada fue Carmen Bogado. “Queremos ampliar la denuncia a la gestión actual y que avance la investigación de la causa que planteamos en 2020″, señaló.

Para conocer la postura de la empresa referente a esta movilización, se intentó conocer la versión de empresa a través de la gerente general Gloria Rodríguez, sin embargo no contestó las llamadas ni mensajes. En reiteradas ocasiones se intentó tener la versión de la empresa, por denuncias anteriores del mismo sindicato, pero hasta el momento no fue posible concretar una entrevista.

La nueva investigación de la quiniela

Pero mientras esta denuncia de los trabajadores no corrió, hubo otras que sí tuvo un desarrollo. A mediados del año pasado, los senadores Esperanza Martínez, Jorge Querey y Enrique Bachetta denunciaron ante la Fiscalía el intento de “regularización” de tragamonedas en sitios prohibidos, la adjudicación de la quiniela a una firma morosa con la propia Conajzar y la reducción del canon a concesionarias en pandemia. En el marco de esta causa, la fiscala María Estefanía González presentó la acusación y pidió juicio oral para siete de los ocho procesados por aparentes hechos punibles en la gestión de los juegos de azar.

Los acusados son Rubén Antonio Roussillón Blaires, integrante de Conajzar y gobernador de Presidente Hayes, y Carmen Corina Alonso, titular de la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Diben) y precandidata al Senado por el movimiento Fuerza Republicana, liderado por el vicepresidente Hugo Velázquez.

Entre las exautoridades de la comisión acusadas están José Antonio Ortiz Báez, Omar Rodrigo Mongelós González, Raúl Mariano Silva Busto, Ricardo Núñez Giménez (hermano del diputado Basilio “Bachi” Núñez) y precandidato a gobernador de Presidente Hayes por el movimiento de Horacio Cartes.

También se incluye al directivo de la empresa TDP SA (explotadora de la quiniela), Álvaro Wasmosy Carrasco, hijo del expresidente Juan Carlos Wasmosy. En tanto, el exprocurador de la República, Sergio Coscia, fue beneficiado sorpresivamente con el sobreseimiento provisional. Coscia es también precandidato al Senado y es apoderado del movimiento oficialista Fuerza Republicana.

Los hechos punibles por los que se los acusa

La fiscala González acusa a Ortiz, Silva, Alonso y Núñez por lesión de confianza, usurpación de funciones públicas, prevaricato y exacción. A Mongelós y Rousillón por lesión de confianza, prevaricato y exacción, mientras que a Wasmosy por declaración falsa.

Conforme se desprende de la acusación planteada por la fiscala González, no existen dudas de que a pesar de encontrarse morosa con la propia Conajzar, este ente regulador de los juegos de azar adjudicó de manera consecutiva a TDP SA para la explotación de la quiniela. Por esta postura de la fiscala de esta causa, la vocera de los trabajadores de la quiniela, la señora Gutiérrez, señaló a ABC que el sindicato apoya a la fiscala González y espera que los responsables de los aparentes hechos punibles sean castigados.

Recordó que en su momento, en el 2020, las autoridades ignoraron las denuncias del sindicato, incluso la Fiscalía, al no avanzar en la investigación planteada. Por ello, ahora con una manifestación insisten en que sea atendida.

Lamentan serie de irregularidades en la quiniela

Las dos denuncias de incumplimiento en el pago de impuestos, planteadas por el sindicato y por los senadores, se sumaron a otras irregularidades que también señalan los trabajadores del sector, como las supuestas trampas en los sorteos, situación que genera desconfianza por parte de los apostadores y que hace que dejen de jugar, según los quinieleros. Lamentaron que la perdida de credibilidad haya derivado en una caída en la recaudación diaria de los levantadores de apuestas, y que la firma, lejos de reconocer las falencias, desvinculó a quinieleros que reportaban una recaudación inferior a G. 200.000 al día, según denunciaron.

Otro aspecto de suma preocupación de todos los trabajadores es el ajuste del porcentaje de comisión de las apuestas, que en pandemia fue reducido de 25% a 20%, de manera unilateral. Los trabajadores comentaron que se les informó que es una decisión de aplicación temporal, pero todavía no se regulariza. La empresa no dio explicaciones a respecto.

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Referente a la denuncia de trampas en los sorteos y desvinculaciones de los trabajadores, la empresa TDP había emitido un comunicado en sus redes sociales en el que aseguraba que no comete ninguna infracción y que las denuncias se tratan de maniobras para fomentar las apuestas ilegales de manera impune. Sobre esta denuncia, la actual presidenta interina de Conazjar, María Galván del Puerto, no dio declaraciones.

Sigue pendiente la respuesta de un pedido de reunión con ABC, planteado el 22 de abril último, a pesar de los reiterados intentos por conocer explicaciones sobre las gestiones hechas para atender estas denuncias.