Líderes de invasión desaparecen de las tierras de Kazumi al llegar la Policía

El Ministerio Público y la Policía Nacional dieron cumplimiento a la orden de desalojo de los invasores de la propiedad de Kazumi Nemoto, en Presidente Franco, Alto Paraná. Los dirigentes no aparecieron por el lugar ante la intervención policial. En la noche del lunes pidieron contribución urgente a los invasores diciendo que “era para detener el desalojo”.

Efectivos policiales y el Ministerio Público dieron cumplimiento a la orden de desalojo. Kazumi Nemoto recuperó la posesión de su propiedad.
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En la mañana de hoy, efectivos de la Policía Nacional dieron cumplimiento a la orden de desalojo de los invasores de la propiedad de Kazumi Nemoto. El operativo estuvo a cargo del comisario Reinaldo Tellez, con acompañamiento de agentes del Ministerio Público asignados a la unidad 3, de Ciudad del Este, a cargo del fiscal Juan Daniel Benítez.

Las orden de restitución de la propiedad fue firmada por la jueza Nathalia del Rocío Moreno, titular del juzgado civil del sexto turno. El inmueble, de 150 hectáreas, se encuentra localizado en el área rural de Presidente Franco, Alto Paraná.

Los invasores de la propiedad de Kazumi Nemoto incendiaron cubiertas en uno de los caminos que conducen al inmueble.

El operativo policial se realizó sin violencia, a pesar de las amenazas de resistencia lanzadas por los líderes de la invasión. En el lugar se encontraron botellas con líquidos inflamables, pero no fueron utilizadas contra los agentes policiales.

El único intento de resistencia se tuvo con la quema de cubiertas en el camino que conduce al inmueble del ciudadano Kazumi Nemoto, de origen japonés. Los efectivos policiales se limitaron a bordear el área incendiada para ingresar en el sector de la invasión.

Desaparecen los dirigentes

El punto llamativo fue la denuncia realizada por los invasores contra sus dirigentes. “Todos desaparecieron del lugar. Ninguno de ellos mostró la cara cuando vino la Policía”.

Arsenio Solis (centro) desapareció de la invasión apenas apareció la Policía.

Entre los dirigentes que abandonaron el lugar mencionaron a Arsenio Solís, presidente de la comisión vecinal Bertoni Poty, que no está reconocida por el Indert. También dijeron que el tesorero, Tiburcio Gómez Vega así como otros miembros de la comisión directiva huyeron del lugar.

Entre los que habían prometido resistir la intervención policial se encontraron los hermanos Teodoro y Darío Alegre Rolón. No aparecieron en el sitio cuando se confirmó el cumplimiento de la orden de desalojo.

El desalojo se produjo sin incidentes. El detalle que llamo la atención fue la fuja de los dirigentes.

La invasión como negocio

En la noche previa al desalojo, el presidente de la comisión Arsenio Solís, y el tesorero, Tiburcio Gómez Vega, convocaron a una reunión en el asentamiento invadido. Allí pidieron a los ocupantes una contribución urgente de 200 mil guaraníes por casa.

Justificaron el pedido con el argumento de que esa contribución era necesaria para que los abogados puedan presentar un recurso para detener el desalojo.

De acuerdo a informaciones recogidas en el lugar, la mayoría de los ocupantes se negó a entregar la contribución diciendo que ya era tarde para detener el desalojo. Sin embargo, no faltaron quienes entregaron su aporte a los dirigentes quienes al final desaparecieron ante la intervención policial.

Con anterioridad, cada ocupante estaba obligado a sumar su contribución. En todos los casos se hablaba de la necesidad de pagar a los abogados.

En una oportunidad pidieron aportes para el pago de un poder en favor de los abogados. Los dirigentes, según se puede escuchar en grabaciones, reclamaban 20 millones de guaraníes para que una escribanía pudiera preparar el poder. El costo de tal documento no pasa en realidad de los 500.000 guaraníes.

Las tierras de Kazumi

En setiembre de 2020 un grupo de invasores ingresó en forma violenta en la propiedad de Kazumi Nemoto, con el argumento de que existe un excedente de tierras fiscales. La ocupación inicial fue de 20 personas, en una fracción de 50 hectáreas.

La inacción del Ministerio Público, por espacio de dos años, tuvo como resultado que la invasión se extendió a 150 hectáreas, con más de 100 ocupantes.

La Policía Nacional logró confirmar que, entre los invasores, figuran funcionarios públicos y que prácticamente la totalidad de los ocupantes tiene sus viviendas en Presidente Franco o bien en Ciudad del Este.

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