Condena de RGD por usura: integran Sala Penal para resolver chicana

El ministro Alberto Martínez Simón aceptó integrar la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y hay vía libre para estudiar una recusación que presentó el usurero luqueño Ramón González Daher. La chicana fue planteada para trabar el estudio de apelación que presentó la defensa contra la condena a 15 años de cárcel por usura, lavado de dinero y denuncia falsa.

Ramón González Daher, condenado a 15 años de cárcel por usura, lavado de dinero y denuncia falsa.Archivo, ABC Color
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La Sala Penal que debe estudiar las recusaciones que planteó Ramón González Daher contra los camaristas Emiliano Rolón Fernández y Arnulfo Arias quedó integrada por los ministros María Carolina Llanes, Luis María Benítez Riera y Alberto Martínez Simón, quien aceptó reemplazar al ministro Manuel Ramírez Candia, atendiendo que el mismo se inhibió porque su esposa, la jueza Yolanda Morel, integró el Tribunal de Sentencia que condenó al usurero luqueño.

Teniendo en cuenta que el camarista Emiliano Rolón Fernández también se apartó de la causa luego de ser recusado por el condenado, la Sala Penal solo debe resolver la recusación planteada por la defensa de RGD contra el camarista Arnulfo Arias. Con relación a Rolón Fernández el Tribunal de Apelación deberá integrarse con otro camarista.

Una vez que se quede integrado el tribunal de alzada debe estudiar la apelación que presentó Ramón González Daher en contra del histórico fallo que lo condenó a 15 años de cárcel por usura, lavado de dinero y denuncia falsa; y a 5 años de prisión a su hijo Fernando González Karjallo por el hecho punible de lavado de activos.

Histórica sentencia contra RGD y su hijo

El 10 de diciembre de 2021 el Tribunal Especializado en Delitos Económicos condenó por unanimidad a Ramón González Daher a 15 años de cárcel por los delitos de usura grave, lavado de dinero y denuncia falsa; y a su hijo Fernando González Karjallo a 5 años de prisión, por el hecho punible de lavado de dinero.

En el juicio oral el fiscal Osmar Legal probó que entre los años 2014 y 2019 RGD otorgó préstamos usurarios a 156 personas, entre las que están el querellante adhesivo Julio Adolfo Mendoza Yampey, el abogado Federico Campos López Moreira, el escribano Ramón Zubizarreta, Tania Villalba y los empresarios Edemilson de Lima y Armindo Vera Ferrer, quienes contaron en el juicio oral el calvario que sufrieron al no poder pagar los excesivos intereses que imponía el hermano del entonces influyente exsenador colorado Óscar González Daher (+).

El tribunal señaló que también quedó probado, mediante los testimonios de esas víctimas, que varias empresas fueron a la quiebra porque ya no tenían la capacidad de pagar los préstamos usurarios, ya que RGD cargaba nuevos intereses sobre los intereses ya establecidos.

En cuanto al lavado de dinero, el Tribunal de Sentencia concluyó que padre e hijo mintieron al sistema financiero, ya que disimularon la procedencia de los grandes montos de dinero depositados en sus cuentas bancarias, tanto en guaraníes como en dólares, haciéndolo pasar como ganancias por las actividades de alquileres y venta de inmuebles, cuando en realidad eran frutos de la usura.

Comiso de bienes por más de US$ 47 millones

Según lo probado en el juicio oral y público por el fiscal Osmar Legal, el clan González movió más de G. 6,5 billones mediante la usura, durante los cinco años que abarcó la investigación.

Las juezas del tribunal también concluyeron que RGD presentó 156 denuncias por estafa ante distintas unidades del Ministerio Público, de Luque y Central, en contra de sus víctimas de usura, presentándose él como víctima de hechos de estafa. Para ese fin utilizó los cheques entregados por sus prestatarios como garantías de los créditos usurarios que les otorgaba.

Además de las condenas carcelarias, el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos hizo lugar al pedido del agente fiscal Osmar Legal y decretó el comiso especial de bienes de Ramón González Daher y de su hijo Fernando González Karjallo, por la suma total de G. 240.554.525.035 y US$ 11.711.977, que según lo probado en el juicio oral es el fruto de los intereses excesivos cobrados por los acusados a las víctimas de usura.

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