La nota, dirigida al presidente de la ANDE, Ing. Félix Sosa, manifiesta la preocupación de las organizaciones firmantes con relación a la licitación del bloque de 1.000 MW que haría la empresa estatal de electricidad, “sin pretender ejercer la soberanía hidroeléctrica”.
El material Firmada por Mercedes Canese, de la Campaña Itaipú 2023 Causa Nacional, y Heriberto Bobadilla, del Partido Paraguay Pyahurã, señala que “implica la eventual entrega de nuestra valiosa energía hidroeléctrica a actividades electro intensivas, para plantas de hidrógeno, mal llamadas “verde” y criptominería, principalmente, tal como se evidenció en el reciente llamado a manifestación de interés que realizara la entidad a su cargo”.
Añade que este hecho adelantaría “una previsible necesidad de importación de energía eléctrica a altísimo precio, a relativamente corto plazo, dada la ausencia de proyectos de generación eléctrica en ejecución hasta el presente”. Añade que la preocupación crece si se tiene en cuenta el contrato recientemente firmado entre ANDE y Atome Energy, “a una tarifa claramente subsidiada”.
En un documento que adjuntaron a la nota exponen 13 puntos y una conclusión. En ellos, detallan cuestiones referentes a la demanda y oferta de energía eléctrica del Paraguay, la falta de obras de generación hidroeléctrica en ejecución y dificultad para tenerlas en operación a la brevedad, así como también la generación a partir de otras fuentes renovables, el alto precio de la importación de energía eléctrica y el plazo de venta y precio de mercado a aplicar cuando se deba importar electricidad.
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Los remitentes expresan que -bien encarada la licitación- puede ser el inicio del ejercicio de la soberanía hidroeléctrica. Dicen que si la ANDE exigiera en el Pliego de la Licitación un precio mínimo a pagar “(de por lo menos 69 US$/MWh) mientras tengamos superávit de energía hidroeléctrica (¿hasta el 2029?) y un precio de mercado (hoy arriba de 200 US$/MWh), posteriormente cuando tengamos que importar electricidad, esta licitación podría ser el inicio de un proceso de ejercicio de la soberanía hidroeléctrica, siempre que se abra la posibilidad a que entre los oferentes se presenten comercializadoras eléctricas argentinas, brasileñas e incluso de otros países (que tendría que ver por su cuenta los permisos correspondientes), que le permitan al país tener ofertas de exportación de electricidad a precios de mercado, por ejemplo entre los años 2023 y 2029, hasta cuando tengamos excedentes de energía hidroeléctrica que no consumamos”.
Añaden que la renta eléctrica que así obtenga la ANDE, bien podría destinarse a construir nuevas plantas de generación eléctrica renovable que nos permitan mantener una matriz eléctrica sustentable mucho más allá del 2030.
“El país debe optar por la transparencia, el pleno ejercicio de la soberanía y los precios de mercado para la energía que no podamos consumir, y no por la falsa disyuntiva de entregar nuestra energía a transnacionales que no generan empleo, a precios subsidiados, o seguir subsidiando a los sistemas eléctricos brasileño y argentino”, proponen.
Insisten en que “a precio subsidiado no tenemos que seguir entregando nuestra energía a los sistemas eléctricos brasileño y argentino, como ocurre hasta ahora, ni tampoco a las actividades electrointensivas que no generan casi ningún empleo, como podría ocurrir si es mal encarada la licitación de la ANDE de 1.000 MW”.