El presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines, José Antonio Caballero Bobadilla, procesado por lesión de confianza, presentó recusación contra agentes del Ministerio Público, ante la Fiscalía General del Estado, el 1 de julio pasado. En esta ocasión, recusó a la fiscala Esmilda Hilaria Álvarez, agente penal de la Unidad N° 7 de Asunción, así como a los fiscales adjuntos María Teresa Aguirre, Matilde Moreno, Marco Alcaraz, Jorge Arsenio Sosa y María Soledad Machuca.
La recusación fue patrocinada por el Abog. Francisco Javier Godoy, con Matrícula de la Corte Suprema N° 28.220.
Los exdirectivos de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines gozan actualmente del sobreseimiento provisional, pero según dispuso la Cámara de Apelaciones, en fecha 26 de julio de 2022 el Ministerio Público debe requerir la reapertura de la causa, o solicitar el sobreseimiento definitivo.
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También están procesados los directivos de la Caja Bancaria Xavier Alberto Hamuy Campos Cervera, Ángel Ramón Chamorro Ortiz y Miguel Ramón Oro Domínguez, procesados por lesión de confianza.
La recusación a la fiscala Álvarez
Con relación a la fiscala Esmilda Álvarez, el recusante señala que su gestión está marcada por la falta de objetividad porque a sabiendas de que la imputación planteada por la fiscala Stella Mary Cano de Woitas tenía deficiencias insalvables, en lugar de formular el requerimiento de sobreseimiento definitivo de todos los imputados, lo que hizo fue solicitar la prórroga extraordinaria ante el Tribunal de Apelaciones de la Capital, refiere.
Agrega Caballero Bobadilla que la fiscala Álvarez tergiversó toda la información del cuaderno de investigación fiscal, y el 6 de julio de 2020 la agente de la Fiscalía solicitó al Tribunal de Apelaciones que se otorgue la prórroga extraordinaria.
“Lo que debió hacer Esmilda Álvarez fue requerir el sobreseimiento definitivo de todos los procesados por no existir daño patrimonial, y lo único que hizo fue alargar innecesariamente este proceso penal”, refiere el escrito del recusante.
Contra los adjuntos
Sobre las recusaciones a los fiscales adjuntos María Teresa Aguirre, Matilde Moreno, Marco Alcaraz, Jorge Arsenio Sosa y María Soledad Machuca, Caballero Bobadilla dice que el motivo de su pedido de apartamiento de la causa es porque los mismos “no realizan un estudio acabado en los casos de recusaciones de los agentes fiscales en los casos particulares sometidos a su conocimiento y control jerárquico, refugiándose en fundamentaciones aparentes que otorgan un disfraz de legalidad a un corporativismo rígido que conculca las garantías procesales de mi defensa en proceso de avalar las actuaciones de los fiscales cuyas conductas en el caso concreto han sido detalladas en los párrafos anteriores”.
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El caso de supuesto desfalco
La fiscala Fátima Capurro acusó y solicitó juicio oral y público el 1 de diciembre de 2020 para los directivos de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Bancos y Afines, Ángel Chamorro Ortiz, Xavier Hamuy Campos Cervera, José Caballero y Miguel Oro Domínguez. Están acusados por lesión de confianza, en grado de autores.
La acusación del Ministerio Público señala que, pese a que el Banco Central del Paraguay a través de la Nota SB SG N° 0005112017 y SB SS 03212017, del 9 de enero de 2017, comunicó a los responsables que el monto destinado para la ampliación y mejoras en la infraestructura de la sede social “Quinta Ykua Ybumi” no reunía las condiciones necesarias para su ejecución, de igual forma se realizó, y para ello se destinaron G. 1.296.229.353.
También acusaron que los gastos realizados aumentaron en demasía a partir del año 2016, que, según un informe del 2017, ascendió a G. 59.851.229.470 y que en el año 2018 se ha incrementado a G. 101.432.531.170.
El perjuicio total causado a la Caja es de G. 2.623.098.082.875, según la acusación del Ministerio Público.