El Tribunal de Apelación en lo Penal, 3ª Sala, de la Capital, integrado por los camaristas José Agustín Fernández, Cristóbal Sánchez y José Waldir Servín, confirmó el Auto Interlocutorio N° 587 del 7 de junio de 2022, por el cual el juez de Garantías Miguel Ángel Palacios rechazó el recurso de reposición planteado por los abogados del excoordinador de Unidad Operativa de Contrataciones Marcelo Rubén Ovelar González, uno de los acusados en la causa conocida como “tapabocas de oro” junto al extitular de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) Édgar Melgarejo Ginard.
Con esta resolución del tribunal de alzada, el juez de Garantías que entiende en la causa tiene vía libre para fijar nueva fecha e intentar, por quinta vez, realizar la audiencia preliminar y resolver si eleva a juicio oral y público el caso de presunta lesión de confianza que investiga un presunto perjuicio patrimonial a la Dinac de G. 119.960.000, según la fiscalía.
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La última vez que el magistrado convocó la diligencia fue el pasado 27 de mayo, cuando la defensa del acusado Ovelar González presentó el recurso de reposición con apelación en subsidio y logró trabar por cuarta vez la audiencia preliminar.
Los demás acusados en la causa son: el extitular de la Dinac Édgar Melgarejo Ginard, el exdirector del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi Fernando Gallardo de Brix, la exgerente administrativa de la Dinac María Luz Chamorro Báez, el exdirector financiero de la institución Juan Carlos Turitich Báez y los representantes de la firma “Proyectos Global SA” Katherine Pamela Toñánez Vera y Carlos Alberto Vargas Franco.
Defensa alega que perjuicio a Dinac “ya fue reparado”
La Sala Constitucional sigue sin resolver una acción de inconstitucionalidad que, según las defensas, “podría poner fin al presente proceso penal”, ya que fue promovida contra el fallo de la Cámara de Apelaciones que confirmó el rechazo a la excepción de falta de acción, que fue presentada contra la continuidad del presente proceso penal, alegando que el presunto daño patrimonial ocasionado a la Dinac ya fue reparado integralmente.
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Las defensas alegan que, según la acusación de los fiscales Sussy Riquelme y Juan Ledesma, el perjuicio causado a la Dinac ronda los G. 59 millones y que el daño ya fue reparado inclusive por un monto superior, teniendo en cuenta que devolvieron al Estado cerca de G. 120 millones, que es el monto total de la operación.
Los abogados defensores afirman que “ya no tiene sentido seguir con el proceso”, porque ya no se puede hablar de lesión de confianza cuando el monto del supuesto perjuicio ya fue reparado, según fundamentaron.
Primer escándalo de corrupción durante la pandemia
Los fiscales de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) señalan en la acusación que en la Dinac se montó un “esquema delictivo diseñado a través del uso de figuras legales con el fin de desviar fondos públicos y, de esa forma, encubrir la participación de los beneficiarios reales de las ganancias obtenidas ilícitamente”.
La hipótesis fiscal señala que Katherine Pamela Toñánez Vera y Carlos Alberto Franco Vargas, supuestos representantes de la empresa Proyectos Global SA, tenían conocimiento de antemano acerca de la operativa para ofrecer las mascarillas que ofrecía a la Dinac y completaron el circuito con su presentación de oferta, lo cual se produjo el 27 de marzo de 2020 a las 9:30, en oficinas de la Dinac.
La acusación resalta que “las ofertas fueron realizadas y adquiridas a un precio superior al valor del mercado y además, las mismas, al momento de la adquisición, se hallaban vencidas, siendo el daño no solo económico”.
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Si la Sala Constitucional hace lugar a la acción planteada por la defensa de Gallardo de Brix, los acusados serán blanqueados y el primero de los escándalos de corrupción ocurridos durante la pandemia de COVID-19 quedará en el oparei.