A casi 18 años del incendio del Supermercado Ycuá Bolaños V, tragedia que dejó casi 400 muertos y cientos de heridos, las víctimas que lograron sentencias indemnizatorias no han sido resarcidas aún. Por esta razón, en la sesión plenaria de hoy el ministro Eugenio Jiménez Rolón anunció que iniciará las gestiones para tratar de lograr un acuerdo entre todos los damnificados para poner un punto final a esa interminable espera.

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“Ocurre que la situación que se da es que hay embargos que por supuesto entraron en un orden cronológico y tenemos, como todos conocen, la disposición que establece la prioridad del primer embargante. Acá como expliqué a un grupo de víctima, traté de ser lo más gráfico posible diciéndoles que hay una torta que no alcanza para cobrar los montos que obtuvieron en sendas resoluciones judiciales”, explicó Jiménez.

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El ministro de la sala civil y comercial explicó que la única alternativa que podría beneficiar a todos es prorratear el monto disponible existente. lo cual se ajusta a lo que establece la misma póliza, que dice expresamente: “si existe pluralidad de damnificados, la indemnización debida por el asegurador se distribuirá a prorrata”.

“Hemos hecho el cálculo pertinente y si es que ellos aceptan, porque esto va a requerir un acuerdo, cada uno va a cobrar algo más del 58% de sus respectivos créditos. A los efectos de gestionar este acuerdo, que ojalá se consiga, entiendo que una vía idónea es un proceso de mediación donde sean citados todos los interesados, y se les muestre cuál es la realidad”, indicó Jiménez.

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Ministro convocará a víctimas del Ycuá

Jiménez anunció que se encargará de notificar a las víctimas y sus respectivos abogados a una audiencia de mediación, a fin de realizar la propuesta mencionada. Asimismo, destacó la necesidad de priorizar a las víctimas al momento de realizar los pagos, pues muchos de los embargantes no son víctimas del incendio.

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“Resulta que hay embargantes que no son precisamente víctimas de la tragedia y como todos sabemos, los fondos provenientes de las indemnizaciones pagadas por las empresas de seguro, sobre estos fondos tienen privilegio las víctimas, pero incluso las mismas víctimas, teniendo en cuenta ese monto depositado, que es de G. 8.200 millones más o menos, tampoco alcanza. De modo que creo que podemos plantear esa vía que definitivamente, si se acepta, va a poner fin a esta situación en la que después de tantos años todavía tengan trabados sus derechos al cobro de la indemnización”, acotó.

Otro aspecto que también deberá ser considerado es si únicamente los afectados que accionaron en el ámbito penal serán resarcidas o serán incluidas en igualdad de condiciones las víctimas que cuenten con sentencias dictadas en los fueros civil y comercial y laboral.

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Esta duda surge a partir de la negativa del Tribunal de Sentencia presidido por Laura Ocampos, que descartó levantar el embargo para permitir la ejecución de una sentencia ratificada hasta por la misma Corte Suprema de Justicia y que ordenó indemnizar a los hermanos Patricio y Carlos Florentín Aquino en G. 440 millones, por la muerte de su madre, la docente Isacia Aquino viuda de Florentín.

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En una contestación al oficio del juez en lo civil y comercial Arnaldo Martínez Rozzano -realizada más de un año después y luego de varias reiteraciones y urgimientos de parte de los afectados- Ocampos informó que el referido juicio se encuentra en el lugar N° 62.

“Cabe señalar que en el orden de embargos, las causas de reparación de daños ocupan el lugar del 24 en adelante, correspondiendo a causas civiles y laborales las anteriores”, precisó Ocampos en la nota de contestación, que firmaron además las magistradas Fernanda García de Zúñiga y Cándida Fleitas.