Tras levantarse el decreto que establecía la emergencia sanitaria por la pandemia del covid-19, el Ministerio de Salud Pública (MSPBS) se vio obligado a retirar sus camas de terapia intensiva de los centros integrados del Instituto de Previsión Social (IPS).
Según indicó a ABC el doctor Ángel Núñez, director de Terapias de Salud Pública, se procedió de esa manera por “no existir ningún soporte jurídico para la atención médica de los no aportantes”.
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El médico aseguró sin embargo, que la Asesoría Jurídica de la cartera sanitaria se encuentra trabajando sobre un nuevo acuerdo con el seguro social.
Se debe recordar que en pandemia, el IPS albergó y atendió a pacientes covid que eran ingresados a través del sistema público en el marco de la emergencia sanitaria por coronavirus.
Sobre la intensión, Gustavo Irala, asesor jurídico de Salud Pública mencionó que apenas finalizó la emergencia sanitaria, la cartera sanitaria planteó al IPS firmar un nuevo convenio de integración.
“La intención es que sea para la atención a nivel general, es decir, para todos los pacientes que lo requieran. No tenemos todavía una respuesta del IPS, pero estamos conversando con ellos. Desde el punto de vista jurídico no existe ningún impedimento para que se pueda firmar esa unión; lo que falta es que acordemos los términos. Nosotros ya propusimos y falta que el IPS acepte o proponga otro tipo de términos”, dijo.
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Según indicó el profesional a ABC, la propuesta fue presentada “coincidentemente en la época en que se levantó la emergencia sanitaria”, es decir, desde mediados de abril.
“A partir de ahí ya surgió la necesidad (de integración). Coincidimos con el IPS que no hay impedimentos, siempre y cuándo el IPS reciba una compensación por la atención a los no asegurados”, comentó Irala.
Al ser consultado del por qué la previsional estaría dilatando el la firma del acuerdo, Irala respondió que cree que es porque el IPS aún no definió el monto de compensación que debe pagarle Salud Pública por la atención de sus pacientes.
“Creo que están buscando definir el tema de los aranceles que podrían exigirle al Ministerio de Salud. Por su carta orgánica establecen que tienen que percibir (un monto) por la atención al no asegurado”, explicó el profesional.