Frentistas del fallido Metrobús exigieron al MOPC que mejore la situación que dejó el fracasado plan sobre la ruta PY02 “Mariscal Estigarribia”, que sigue en pésimas condiciones. “El cruce se volvió peligroso, todo es un desastre acá, no tenemos cruces peatonales, hay baches, hay pozos peligrosos en las veredas, nos inundamos y perdemos muchísimo con cada lluvia por las cataratas del metrobús”, lamentó Nelson Escobar, uno de los comerciantes de la zona.
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Por otro lado, señaló que los afectados ya no esperan nada de la fiscalía y adelantó que el Ministerio Público, manejado por Sandra Quiñónez, blanqueará este “negociado más grande en la historia del país”. “La fiscalía no va a hacer nada, evidentemente, se va a blanquear todo, va camino al oparei, mientras nosotros seguimos sufriendo las consecuencias”, expresó Escobar.
Cuatro años de inacción fiscal
Justamente, hoy se cumplen cuatro años desde que se presentó la primera denuncia penal sobre el fallido metrobús al Ministerio Público, pero las pesquisas no avanzan. El 28 de mayo de 2018, el Ing. Hermann Pankow, presentó la primera denuncia penal sobre el caso del fallido metrobús en el Ministerio Público, en representación de los frentistas que se vieron perjudicados por esta obra del Gobierno de Horacio Cartes. Sin embargo, hasta la fecha ninguno de los denunciados fue imputado. La fiscalía ni siquiera quiere informar acerca de la situación en que se encuentra la carpeta fiscal.
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Incluso la Contraloría General de la República y una Comisión Bicameral del Congreso remitieron informes donde se revelaron serias irregularidades en la obra, los cuáles tampoco son tenidos en cuenta.
La denuncia del ingeniero fue en contra del exministro del MOPC, Ramón Jiménez Gaona, la exviceministra de finanzas, Marta Benítez Morínigo, y el exrepresentante del Banco Interamericano (BID) en Paraguay, Eduardo Almeida, por el supuesto hecho de lesión de confianza. Luego fue ampliada en varias ocasiones en las que incluyeron al exjefe de gabinete del MOPC, Esteban Sarubbi Lutz, por enriquecimiento ilícito y a Guillermo Alcaraz, por usurpación de funciones públicas.
Pago millonario a Mota Engil
El MOPC pagó más de US$ 30 millones a la firma portuguesa Mota Engil por la obra del metrobús, firma que avanzó apenas un 30% de los trabajos. A esta firma le adjudicaron los tramos 2 y 3 (12 km) por US$ 54 millones, en febrero de 2016, pero se incrementó 35% a través de una adenda y llegó a US$ 72,7 millones. En octubre de 2018, Mota abandonó las obras y luego demandó al Estado en un arbitraje internacional, que sigue su curso. La excontratista pretende cobrar otros US$ 35 millones