El 28 de mayo de 2018, el Ing. Hermann Pankow, presentó la primera denuncia penal sobre el caso del fallido metrobús en el Ministerio Público, en representación de los frentistas que se vieron perjudicados por esta obra del Gobierno de Horacio Cartes. Sin embargo, hasta la fecha ninguno de los denunciados fue imputado y las pesquisas no avanzan. La fiscalía ni siquiera quiere informar acerca de la situación en que se encuentra la carpeta fiscal, Los denunciantes aseguran que el caso va camino al “oparei”.
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Pankow señaló ayer a este diario que el resumen de estos cuatro años de la causa es que hasta hoy no se conoce ni quién es el magistrado de la causa metrobús, para cumplir el artículo 290 del código procesal penal, que le da seis horas a la fiscalía para remitir la denuncia a un juez de garantías.
Asimismo, agregó que en el caso metrobús, la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, estrenó su “mega poder”, el que le dio la Sala Constitucional de la Corte, según el cual un juez “ya no controla” cuando los fiscales son recusados. “Así la fiscalía designa, sin sorteos, a agentes fiscales en las causas, a dedo, y luego la misma fiscalía decide si quedan o no en la causa si son recusados”, explicó.
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Pankow agregó que había recusado a la fiscala de la causa, Natalia Silva, por no investigar el “negociado” de la fracasada obra, pero que la situación no se resuelve hasta la fecha, por lo que las “investigaciones” siguen en manos de una fiscala interina, Esmilda Álvarez, quien evita dar declaraciones a ABC sobre las pesquisas. La recusación hoy se encuentra en instancias de la Corte. “Lo último que yo recibí es que Antonio Fretes (ministro de la Corte) no se inhibió en la recusación que hice contra la fiscal general respecto a este mega poder”, dijo.
La denuncia del ingeniero fue en contra del exministro del MOPC, Ramón Jiménez Gaona, la exviceministra de finanzas, Marta Benítez Morínigo, y el exrepresentante del Banco Interamericano (BID) en Paraguay, Eduardo Almeida, por el supuesto hecho de lesión de confianza. Luego fue ampliada en varias ocasiones en las que incluyeron al exjefe de gabinete del MOPC, Esteban Sarubbi Lutz, por enriquecimiento ilícito y a Guillermo Alcaraz, por usurpación de funciones públicas.
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Sandra Quiñónez responde al equipo de Cartes
El senador liberal, Enrique Salyn Buzarquis, presentó otra demanda penal contra Jiménez Gaona en enero de 2019, también por la presunta lesión de confianza y estafa, que se agregó a la denuncia presentada por Pankow, pero el congresista señaló ayer que la fiscalía no tiene intenciones de investigar este tema.
“El metrobús es una gran estafa contra el pueblo paraguayo de la era del gobierno de Horacio Cartes y su ministro “estrella”, Ramón Jiménez Gaona. Pero la fiscalía jamás movió nada, ni moverá nada, porque Sandra Quiñónez directamente responde al equipo de Horacio Cartes. Esto no se va a aclarar porque no quieren aclarar, es una pena. Esto es el reflejo del actuar de la fiscalía”, manfiestó.
Buzarquis añadió que no recibió ninguna información del Ministerio Público luego de presentar la denuncia.
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Hasta Comisión Bicameral presentó denuncia
La Comisión Bicameral del Congreso, que igualmente investigó el fallido plan, también remitió su informe final a la Fiscalía General del Estado. En este caso, se elaboraron tres dictámenes, los cuáles también revelaron un manejo desprolijo en la ejecución de la obra.
El diputado Edgar Acosta, quien presidió la comisión, señaló que, lamentablemente, pese que remitieron los informes desde el Congreso, nada saben de las investigaciones en el caso. “No hay absolutamente nada y esto es una pena”, lamentó.
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La Contraloría General de la República (CGR) también remitió a la Fiscalía los resultados de la auditoría que realizó al fracasado metrobús, en la que se reveló aparentes hechos punibles. Este informe, que cuenta con 88 observaciones y 415 páginas de escritos, identificó varios posibles hechos punibles, tales como pagos irregulares, obras mal ejecutadas y numerosas anomalías