En cuanto al servicio militar, opinó que “está establecido el servicio civil que se reglamentó en el 2010 y se puso en vigencia en el 2017-18. Habíamos atacado dicha ley que sería inconstitucional porque el Consejo funciona como un tribunal de conciencia que determina si es válida o no. Está en contra de la Constitución”.
Los jóvenes hicieron el pago de G. 450.000 o podían declararse insolvente frente a un juez de paz, según explicó Acevedo a ABC Color.
Servicio Militar Obligatorio no es prioridad
“El joven no tiene en su agenda hacer el servicio militar o el servicio social. A los 18 años quiere entrar a la universidad o trabajar”, remarcó.
“Esto penaliza a los jóvenes porque el artículo 129 dice que los jóvenes que no realicen el servicio militar harán un servicio que no será punitivo”, expresó Acevedo.
Lea más: Antes que servicio militar, reestructurar las Fuerzas Armadas
En vez de ayudar a los jóvenes
El representante de Paz y Justicia lamentó que quieran “poner obstáculos al acceso a becas, pasaportes o gestión pública de los jóvenes, lo que va en contra de la Constitución Nacional”.
La media sanción de la Cámara Baja hizo que el proyecto pase a Senadores. Pero Acevedo ratificó que van a hacer lobby para no cercenar varios derechos.
Se estima que aproximadamente son 2.500.000 jóvenes están peleando por mejores condiciones. Mediante asesoría jurídica, Vidal se mostró positivo para orientar y demostrar que estas exigencias son contradictorias para los objetores.
“Quieren que vuelvan nomás a hacer el servicio militar, pero nosotros hicimos acciones de inconstitucionalidad. En el Congreso presentamos la moratoria porque es una ley en desuso”, esgrimió.
¿Que ocurre en la práctica con el SMO?
“En la práctica no pasa absolutamente nada, salvo que el Ministerio de Educación para que nombren a un profesor le exige presentar su baja militar”, ejemplificó.
Vidal Acevedo agregó que la iniciativa parlamentaria solo tiene fines recaudatorios y una manera de penalizar a los jóvenes.
“Se recaudó mucha plata con las multas entonces preguntamos al defensor del pueblo, Miguel Godoy, qué se hizo con ese dinero. Esta muerte civil que pretenden para los jóvenes, que ya tiene unos 600 mil objetores, y la ley retroactiva revela que no hay un ejercicio pleno del derecho y por eso vamos a presentar nuestras objeciones”, finalizó.