El diputado Jorge Ávalos Mariño (PLRA), titular de la comisión de Legislación y uno de los autores del proyecto de ley junto con el diputado Derlis Maidana (ANR, HC), señaló que no pretenden incorporar a la normativa las exigencias de prestar el servicio civil que están vigentes desde el 2010. Mencionó que “se le da una oportunidad más al joven que no quiere prestar un servicio militar obligatorio para que realice un servicio civil . Si también se niega, entonces paga una contribución y si no está en condiciones de hacerlo, entonces puede solicitar una declaración de insolvencia”, indicó Ávalos.
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Añadió que le dan todas las opciones al joven y que pretenden dar cumplimiento a la ley que está vigente hace más de 10 años. En una posición contraria, el diputado Hugo Ramírez (ANR, oficialista) cuestionó la normativa y dijo que se le quiere obligar al joven a pagar una multa o a hacer un servicio social sustitutivo al servicio militar obligatorio (SMO).
El proyecto de ley aprobado establece un Sistema de Intercambio de Información que será implementado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic) que dispondrá de un servicio de información en línea con conexión a internet o de otra red de datos conforme a las normas reglamentarias vigentes, sobre si los varones que hayan cumplido 18 años posean la constancia de cumplimiento de la objeción de conciencia, del pago de la contribución establecida en la ley o la certificación de insolvencia o constancia de exoneración del pago por insolvencia para: trámites referentes a la obtención y renovación de pasaportes, accesos a becas emanadas del Estado Paraguayo, y concursos para el acceso a la función pública.
El diputado Carlos María López (PLRA), presidente de la comisión de Defensa, planteó sin éxito a sus colegas testar el artículo que imposibilita a los jóvenes a realizar los trámites señalados y fundamentó que el proyecto es inconstitucional. “Sabemos que hoy día no se cumple el servicio militar obligatorio, pero tampoco ellos hacen los trámites para que puedan tener la objeción de conciencia. Creemos que es inconstitucional, pedimos testar los procedimientos. La Constitución Nacional es muy clara en el artículo 73 sobre el derecho a la educación y sus fines, en el artículo 74 sobre la libertad de aprender y de enseñar y en el artículo 86 sobre el derecho al trabajo”, fundamentó.
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En el artículo 21 el proyecto de ley establece la excepción del trámite previsto en el artículo 4 y concordantes de la presente Ley para los ciudadanos que hayan dejado constancia de su objeción de conciencia ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos de la Honorable Cámara de Diputados o de la Honorable Cámara de Senadores del Congreso Nacional, en fechas anteriores a la promulgación de esta Ley. Los mismos deberán optar entre prestar el servicio sustitutivo o pagar una contribución equivalente a cinco jornales mínimos (G. 440.225) para actividades diversas no especificadas, cuya forma de pago será reglamentada por el Consejo. Los objetores en esta situación que se encuentren en estado de insolvencia serán exonerados del pago.
Otorgan mayor poder de recaudación a polémico defensor
Con esta disposición, los diputados plantean la retroactividad del pago de una contribución salvo que el objetor decida realizar el servicio sustitutivo. Esta obligatoriedad se establece para quienes hayan solicitado su carnet de objetor de conciencia desde el año 1992, tiempo en que se dio vigencia a la Constitución Nacional. Con este proyecto de ley, la Defensoría del Pueblo ampliaría notoriamente su poder de recaudación.
El proyecto de ley aprobado por Diputados otorga mayor poder de recaudación a la Defensoría del Pueblo, a cargo del colorado cartista Miguel Godoy, quien hizo un intenso lobby en Diputados para la aprobación del proyecto de ley. Según informes recientes, la Defensoría del Pueblo, ya recaudó más de G. 1.700 millones de “contribución” de objetores de conciencia entre el 2020 y 2021, en plena pandemia por el covid-19. Además, en 2019 recibió recursos del Fonacide para fortalecer esta política pública.
El proyecto de ley que pasa al Senado plantea que los fondos de la contribución percibidos se destinarán al financiamiento de las políticas públicas de la objeción de conciencia, y a acciones sociales en el ámbito de la niñez y la adolescencia en situación de pobreza dentro del Presupuesto General de Gastos de la Nación de la Defensoría del Pueblo.