La senadora Lilian Samaniego (ANR-oficialista), cuyo marido Jorge Coscia es cónsul general en Foz de Yguazu es una de las principales impulsoras del proyecto.
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En su artículo 56, la normativa consensuada plantea que el servicio consular ya no será de exclusividad para los funcionarios de carrera y establece que los funcionarios del Servicio Diplomático y Consular ejercerán la función consular cuando sean destinados expresamente a oficinas consulares, o cuando el Jefe de la Misión Diplomática en que prestan servicios, o el Ministerio en su caso, les encargue dicho cometido.
El proyecto, según la opinión de algunos diplomáticos, viola la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, que define que los funcionarios consulares son de dos clases: consulares de carrera y funcionarios consulares honorarios.
La normativa blanquea el ingreso de los no escalafonados y políticos al servicio consular.
En principio, el proyecto fue duramente criticado por los gremios de la Cancillería que lo consideraron una intromisión política partidaria en el ámbito diplomático profesional.
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Sin embargo, sorpresivamente y sin que se aclarasen bien los motivos y los “arreglos” a los que arribaron, se anunció que se había llegado a un consenso.
En caso de haber una moción por ratificar el texto original del Senado, el proyecto necesitará mayoría absoluta, es decir 23 votos.