El juez penal de Garantías de Delitos Económicos, José Agustín Delmás, revocó el viernes último las medidas cautelares impuestas al intendente de Paraguarí, Marcelo Simbrón Pinto (ANR), de su madre, su expareja, dos actuales funcionarios municipales y un trabajador de una ferretería. Todos ellos tenían libertad ambulatoria pero al no cumplir con la caución real que le fijó el juez, la medida fue revocada.
El juez dispuso que el intendente cumpla arresto domiciliario en su domicilio del barrio Nacional, tiene prohibición de cambiar el domicilio sin previa autorización del Juzgado. Además tiene la obligación de presentarse a las audiencias o citaciones que se fijen en la presente causa, prohibición de salir del país y caución juratoria del imputado de G.150 millones.
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Durante la visita de los pobladores, el ejecutivo municipal, Simbrón Pinto, agradeció el gesto de los pobladores y funcionarios que al saber por la “difícil situación por la que está pasando” fueron a llevarle su respaldo. “En estos momentos se necesita de esa fortaleza”, dijo el ejecutivo comunal.
No afectará la gestión municipal en Paraguarí
El ejecutivo municipal explicó que la prisión domiciliaria le va dificultar trasladarse hasta la Municipalidad, pero aseguró que va a estar trabajando desde su casa, por lo que por el momento no se verá afectada su gestión en la Municipalidad.
Agregó que mañana se va cumplir con el requerimiento del juez y el abogado Ricardo Prava va a presentar una fianza personal. Expresó que confía en que, con eso, el juez podrá otorgarle libertad ambulatoria.
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El jefe comunal alegó que está con prisión domiciliaria por una negligencia que tuvo su defensa, al no presentar la caución de G. 150 millones en el plazo establecido.
Aclaró que el proceso no guarda relación con la administración de la Municipalidad de Paraguarí, sino que es un hecho que se inició en el 2013, durante la administración del intendente Nelson López(2011-2015). “Era proveedor de la Municipalidad de Nueva Colombia (Cordillera) y todas las empresas que trabajaron en ese entonces están siendo investigadas ahora”, puntualizó.
En esa causa también está imputada la expareja del intendente, María Yudith Dávalos, quien junto con el ejecutivo comunal tienen una empresa constructora Atlantic Construcciones y Equipamientos.
Asimismo, la distribución del almuerzo escolar, en ese entonces fue otorgada a la empresa Agrofood, representada por María Estela Pintos Marecos, madre del actual intendente de este distrito. Todos ellos están imputados y con arresto domiciliario.
Otros de los imputados son los extrabajadores de la constructora, quienes están vinculados en la causa, Hugo Ariel Barchello Riveros, y América Magalli Fernández Galeano. Ambos actualmente son funcionarios municipales, y Evelio Quinteros, quien fue a cobrar un cheque que entregó la empresa Atlantic por mercaderías retiradas de su hermano, quien tiene una ferretería.