La Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP), el Centro de Regulación, Normas y Estudios de la Comunicación (Cerneco) y la Asociación Paraguaya de Agencias de Publicidad (Apap) firmaron ayer un convenio de cooperación con el objetivo de unir esfuerzos para mantenerse vigilantes en las decisiones económicas del Gobierno, ante el temor de que las mismas sean politizadas y terminen quebrando al Estado. El evento se desarrolló, en la sede de la CAP.
“En el mundo de los negocios resuena la necesidad de la implementación de prácticas económicas que no descuiden el entorno social ni el desarrollo sustentable de los países. Paraguay, como nación con potencial activo y una macroeconomía pujante, precisa de acciones concretas para fortalecer e impulsar su desarrollo económico”, afirmó la presidente de la CAP, Patricia Toyotoshi.
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Enrique Bendaña, de Cerneco, manifestó que el Banco Central del Paraguay (BCP) manejó muy bien la política monetaria en los últimos años, y por ende, la preocupación es que se politice eso. “No queremos que entren los políticos a politizar (la política monetaria) y afecte años de trabajo”, manifestó.
Por otra parte, recordó que funcionarios públicos hicieron intenso lobby para que se concreten importantes aumentos en el Presupuesto General de la Nación (PGN). “Quieren hacer aumentos grandes, como se hizo antes, para captar votos, no estoy en contra de que la gente gane más pero si vamos a ir a la quiebra del Estado si se aumenta el 100% el sueldo, es una locura”, sostuvo.
En ese sentido, señaló que el contexto social, político y económica dan lugar a que los tres gremios se unan y “peguen el grito al cielo”, y pedir a la prensa que denuncie y se oponga a estas subas pretendidas.
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Por otra parte, también mencionó que hay una preocupación de los gremios acerca de leyes que han sido sancionadas y que después se tuvo que pedir al Ejecutivo que las vete.
Añadió que los gremios conversaran con los legisladores y candidatos presidenciables para crear consciencia de la importancia de las decisiones económicos a mediano y largo plazo.
Pascual Rubiani, de Apap, observó que una vez tomada la decisión, en seis meses impacta en los bolsillos de los consumidores y por ende, afecta a los negocios que representa. “Vivimos de los negocios como la publicidad, los medios de comunicación y el ecosistema en el cual se desenvuelva la actividad”, recalcó el empresario.
“Todo aquello que se haga en un camino equivocado en términos macroeconómicos, política monetaria, vigencia de un Estado de Derecho y seguridad jurídica termina impactando unos meses después en el bolsillo de los ciudadanos, en la calidad de vida de las personas, en el empleo”, dijo. Destacó que es un aspecto sensible sobre todo debido a la pandemia.