El litigio guarda relación con una propiedad de 20 hectáreas del INDERT ubicada en Lomas Valentinas, distrito de Ybyrarobaná, Canindeyú, que en su primera instancia favoreció a Silvia Raquel Duarte Enriquez en base a los documentos de compra que presentó.
Sin embargo, los abogados Carmelo Benítez (concejal municipal de Curuguaty) y Eugenio Ramón Franco González, representante de la contraparte, introdujeron en el expediente un documento con la firma supuestamente falsificada del funcionario César Basilio Ortiz T., situación que fue corroborada por el propio funcionario del Indert a través de una nota donde aclara que la rúbrica no le corresponde, como así también los datos insertos en la constancia presentada.
Esta situación fue derivada al Ministerio Público donde el agente fiscal Ysrael Villalba tomó intervención e inmediatamente convocó a declaración a los funcionarios César Basilio Ortiz y Alfredo Gabriel Torres, para que comparezcan a dar sus respectivas versiones el próximo 1 de junio, a partir de las 8:00 ante la unidad fiscal N°3 de Salto del Guairá.
Si se confirma el presunto ilícito, podría ser imputada la pareja conformada por Francisco Diaz Sartorio y Luciana Felicia de Diaz y los abogados Carmelo Benítez y Eugenio Ramón Franco González, quienes impulsan la apelación de la causa en Segunda Instancia.
La denuncia está caratulada; Hecho punible de testimonio falso, producción de documentos no auténticos, alteración de datos relevantes para la prueba, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso, producción mediata de documentos públicos de documentos falsos y uso de documentos públicos de contenido falso.