El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Dr. Antonio Fretes, y sus colegas Manuel Ramírez Candia y Eugenio Jiménez Rolón se reunieron ayer con representantes de gremios de abogados de todo el país, quienes expresaron repudio por el asesinato del fiscal Marcelo Pecci, ocurrido el pasado martes 10 de mayo en Cartagena, Colombia.
Además solicitaron que el máximo tribunal arbitre los mecanismos para reforzar la seguridad en todas las sedes del Poder Judicial.
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La abogada María Esther Roa, de la Coordinadora de Abogados del Paraguay, cuestionó que en el Poder Judicial no haya una política institucional de combate a la corrupción y la impunidad en los procesos penales. “Si hay impunidad tenemos que estar preparados para lo peor en Paraguay”, puntualizó la activista anticorrupción.
Fiscalía General del Estado, “la más ausente”
Sobre el mismo punto el presidente del Colegio de Abogados del Paraguay (CAP), Abog. Manuel Riera, criticó que la Fiscalía General del Estado tampoco tenga una política criminal y afirmó que la institución “es la más ausente de todas”.
Refirió que la titular del Ministerio Público, Sandra Quiñónez, no está en la vida pública y no dio un solo mensaje claro de apoyo a la ciudadanía tras el asesinado del fiscal Marcelo Pecci. Dijo que eso es negativo porque se trata de la dueña de la acción penal en el país.
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Riera indicó que el crimen de Pecci no es un hecho aislado sino consecuencia de la escalada de violencia en Paraguay, donde el crimen organizado está consolidado.
“Esto no debe terminar solo con las condolencias, con los discursos y las marchas tan significativas, sino que debe institucionalizarse para que tenga seguimiento”, señaló.
El presidente de la CAP expresó que tras el crimen de Pecci se necesita una acción concreta y eficiente por parte de los organismos del Estado, sobre todo del Poder Judicial que tiene un rol clave en el combate contra la criminalidad en el país.
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Finalmente Riera pidió que en la mesa interinstitucional que se conformará entre los tres poderes del Estado participen sectores de la sociedad civil organizada, teniendo en cuenta que es el ciudadano el que termina pagando las consecuencias de los hechos cometidos por grupos criminales, debido a las políticas que se implementan desde las instituciones públicas.