Zulma Morales, interventora asignada por el Ministerio de Educación y Ciencias en el colegio lambareño donde se dieron varias denuncias por supuesto abuso sexual infantil, informó en una entrevista con ABC TV que desde este lunes se retoman las clases presenciales para los niños del nivel inicial.
La funcionaria, quien en el MEC ocupa el cargo de directora de Desarrollo Educativo, aseguró que se tomaron todas las medidas en el espacio educativo, como la instalación de cámaras, para brindar tranquilidad a los padres de los más pequeños.
Aseguró que el inicio de las clases no significa que dejarán de acompañar al desarrollo de las actividades en la institución, sino que continuarán brindando espacios de seguridad.
Llegaron 80 niños
Este lunes, en la institución se recibió a 80 alumnos del nivel inicial, quienes pudieron ingresar con sus padres hasta sus aulas, ya que esa era otra de las quejas de los progenitores, pues a raíz de la pandemia ya no podían entrar al colegio con sus hijos.
La interventora resaltó que los padres “volvieron a la confianza de que sus niños están en un espacio de cuidado y protección”.
Antes del inicio de estas clases presenciales, el jueves pasado los padres recorrieron las instalaciones junto con el equipo interventor, para asegurarse de que todo estuviera en condiciones.
Además, se estableció la representatividad oficial de los padres dentro de la comunidad educativa.
Usaban malla curricular internacional sin permiso
Más allá de la prevención del abuso infantil, la intervención en este colegio lambareño detectó otros incumplimientos de la institución con los lineamientos del MEC, que son de carácter obligatorio.
Entre ellas, se detectaron falencias de carácter pedagógico, que llevaron a instruir un sumario.
Un punto cuestionado por los interventores tiene que ver con la carga horaria. En este colegio, entran a las 08:00 y se retiran a las 16:00, con un currículum que corresponde a lineamientos internacionales.
Con estas modificaciones, el MEC busca hacer costar que es el ente rector de la política educativa, y es el que tiene acceso a todas las instituciones privadas o subvencionadas. Es decir, ninguna institución puede funcionar al margen de los lineamientos nacionales del MEC, aunque sí está permitido agregar a un plan curricular compensatorio que enriquezca la educación de los alumnos, pero con reconocimiento del sistema educativo paraguayo, cosa que no se dio.
El problema es que el colegio en cuestión no gestionó los permisos para que la malla curricular compensatoria pueda ser aprobada por el MEC.
Evaluaban en modalidad no vigente
Otro tema cuestionado por los interventores es que en nuestro sistema educativo se establecen para la educación inicial informes descriptivos de los estudiantes de primera infancia. Sin embargo, en este colegio los niños son evaluados por los criterios como “excelente, bueno, muy bueno, normas que ya no están vigentes en este país”, aclaró Zulma Morales.
Una franquicia destinada a Latinoamérica
Con respecto al centro educativo que está siendo intervenido, Zulma Morales explicó que la institución educativa corresponde a una franquicia que inició en España, pero que los hijos de los dueños trajeron también a Latinoamérica. En este caso, el colegio en Paraguay trabaja directamente con Chile, informó Morales.
Llegó una representante legal
Ante esta situación, el equipo interventor urgió la nominación de un representante legal a nivel Paraguay. Finalmente se envió a una persona con capacidad administrativa a través de la cual se hicieron varias gestiones, como la contratación de más personal.
La interventora dijo que la persona recientemente llegada “tiene la idoneidad necesaria, un perfil importante, y se están procesando sus documentos para habilitarla a nivel nacional con una matricula docente”.
Con respecto a la identidad de los propietarios, Morales refirió que pidieron este dato desde el primer día, y lo que hasta ahora se sabe es que son tres dueños, ninguno de ellos paraguayos.
“Uno de ellos el señor José Ignacio Fito, quien estuvo en la institución con nosotros, el otro vive en España y no llegó a la institución, el señor Segovia”. La interventora no proporcionó la identidad del tercero.
Como se puede ver, la crisis desatada en el colegio lambareño por denuncias de abuso infantil dio paso a que se detectaran otras irregularidades que no se hubieran sabido si no se intervenía la institución.