Los jubilados salieron al paso de los informes emitidos por el Ministerio de Hacienda sobre el déficit anual que registra la Caja Fiscal y su eventual colapso en un corto plazo, en el caso en que el Congreso apruebe el proyecto de ley que equipara los haberes jubilatorios al sueldo de los funcionarios activos.
La presidenta de los Gremios de Jubilados y Activos de la Administración Pública, Eugenia Pedrozo, remitió a ABC Color un comunicado en el que el sector responde a las afirmaciones de Hacienda y a las opiniones de los economistas y exministros de Hacienda, César Barreto y Manuel Ferreira.
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En la nota se señala que Hacienda y su “propaganda apocalíptica”, así como los referidos exministros de la cartera, mienten, están desfasados y en total ignorancia de la situación, por lo que sugiere a sus asociados no tomar como verdaderas sus opiniones.
Además consideran que las publicaciones periodísticas sobre el tema son tendenciosas, porque las argumentaciones que sostienen son falaces y que “claramente responden a un objetivo de pulverizar las iniciativas de reivindicación” del sector.
Dejar de usar superávit de civiles
Señalan que “el actual déficit es producto de una torcida e ilegal administración de los fondos superavitarios aportados por el sector civil de funcionarios de la administración central”. En ese sentido, indica que se debe frenar a Hacienda para que deje de utilizar el dinero superavitario para parchar lo que falta a otros segmentos de jubilados.
Insisten en que Hacienda debe aplicar los recursos superavitarios y los resultados de las inversiones de estos montos para la actualización de los haberes de los funcionarios de la Administración Central.
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Argumentan que mediante el mecanismo del sistema jubilatorio vigente, los aportes de los funcionarios activos “sostienen con holgura los haberes jubilatorios y queda un excedente en dinero que constituye reservas para ser invertidos y producir más dinero y garantizar la actualización de los haberes jubilatorios que hoy reclamamos”.
Los jubilados están impulsando desde hace años la actualización de sus haberes, que para la cartera fiscal no es otra cosa que la equiparación de los haberes al sueldo de los funcionarios activos, que terminará acelerando el proceso de deterioro de las finanzas de la Caja.
Proyecto de ley de actualización
La medida está contemplada en el proyecto de ley “Que regula el régimen de actualización de los haberes jubilatorios de los funcionarios y empleados públicos jubilados de la Administración Central y del Servicio Civil”. que en dos semanas será tratado en la Cámara de Senadores, a propuesta del senador Martín Arévalo (ANR-cartista).
En la nota, los jubilados aseguran que con en la versión Arévalo del proyecto no se va a desangrar las arcas del Estado como sí lo hacen otros, porque se tiene recursos propios y que existen datos financieros que así lo demuestran.
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Al respecto proponen un debate y una mesa de trabajo como técnicos y especialistas en administración financiera del Estado a demostrar con números y con la supervisión de la Contraloría General de la República y sobre papeles lo que en las estadísticas mencionan.
Expresan que la caja del sector civil de los funcionarios tiene superávit del 59%, de acuerdo con la ejecución presupuestaria al 31 de diciembre de 2021, existe un saldo en el activo más de US$ 801 millones, al que se suman los intereses percibidos por más de US$ 21,8 millones. “Sin tener en cuenta el aporte de los Funcionarios Públicos, ni siquiera la mínima parte de los que mencionan los técnicos se estaría ajustando”, afirma el comunicado.
En ese sentido, menciona que ajustando con dinero que han aportado por 40 años, preguntan por qué no pueden usar sus recursos, ya que ni siquiera cobertura médica tienen, que viven y mueren en la indigencia.