Livia Buzo, coordinadora técnica de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), informó que la comisión se encuentra analizando la posibilidad de rescindir contrato con la empresa iCrop SA, cuyas accionistas son Lucy Sy, de nacionalidad china taiwanesa, y Lilian Beatriz Vera de Qiu, ante la vigencia de la Ley N° 6903/22, que regula el juego de tragamonedas del país, que ratifica su prohibición en bares, despensas y en otros comercios de libre concurrencia, tal como lo disponía la Ley N° 1016/97 del Régimen de Juegos de Azar.
La presión política y ciudadana obligó a la reguladora de juegos de azar a poner fin a su plan de “legalizar” el emplazamiento de tragamonedas en sitios prohibidos con el fin de proteger a menores de edad de la influencia de esas máquinas y no desarrollen adicción a las apuestas (ludopatía).
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Buzo dijo que iCrop ya no paga el canon y señaló que cada municipio es responsable de requisar y destruir las máquinas, así como aplicar las sanciones. Cuando se le señaló que esa disposición regía ya desde 1997 y que Conajzar la había violóado al firmar el acuerdo con iCrop, respondió que sólo la presidenta de Conajzar, María Galván, puede responder esta pregunta.
Hace un mes que ABC solicitó por escrito una audiencia ante las reiteradas negativas a conceder una entrevista sobre las numerosas zonas grises en la regulación de los juegos de azar, mediante llamadas y mensajes, inclusive a través del Ministerio de Hacienda, institución a la que Galván representa en la comisión, pero, por la visto, al señora Galván prefiere evitar a la prensa.
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El contrato de referencia establecía como única causa de interrupción del vínculo con iCrop, que la firma, unilateralmente, lo desee, hecho que además implicaba una cesión de atribuciones de fiscalización. La resolución fue cuestionada por la Contraloría General de la República, por Anticorrupción einclusive hasta por la Opaci.