El propósito impulsado por los ex obreros ceramistas y ex empleados de comercio de instalar un diálogo sobre la base de que la EBY provocó la pérdida definitiva de sus respectivas fuentes de subsistencia tuvo como respuesta un rotundo rechazo del ente binacional, a través de una nota, firmada por el secretario general de la EBY, Oscar Ovelar, cuya lectura se dio durante la reunión, en la que afirma categóricamente “el cumplimiento acabado” de un denominado “Gran Pacto Social” entre los distintos sectores afectados por la construcción de la presa y las correspondientes indemnizaciones.
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Para la EBY resulta “improcedente toda presentación realizada con el fin de plantear nuevas atenciones” por parte del ente, y sostiene que para tales efectos “se encuentran otros canales como los organismos estatales a los cuales las personas, grupos o asociaciones con determinadas necesidades y carencias pueden recurrir”, sostiene el documento del ente, remitido a nombre del intendente municipal.
La respuesta de la EBY es rechazada por el dirigente olero, Jorge Chávez, quien sostiene que la entidad debe admitir el daño causado por pérdida definitiva de las fuentes de trabajo, y que los pagos de G. 4 millones y G. 4.500.000 efectuados por la EBY a los trabajadores de comercio y oleros, respectivamente, no compensa la pérdida definitiva de sus fuentes de ocupación.
Los reclamantes fundan su petición en un informe técnico elaborado por el abogado Emilio Camacho, en el que se afirma la existencia de daños causados por pérdida definitiva de fuentes de trabajo provocados por la construcción de la presa hidroeléctrica.
Chávez, quien se retiró intempestivamente de la reunión por considerar que pretender dialogar con la EBY es “chocar contra una muralla”, anunció que continuarán con la protesta, “hasta que sean desalojados por la fuerza”. Admitió que la presencia de las carpas y casillas precarias en el acceso a la ciudad dan una mala imagen y puede causar daños al turismo, pidió la comprensión de la ciudadanía, ante una realidad en que la EBY causó un daño mucho mayor a toda una industria que daba fuente de trabajo a más de 1.500 familias.
De la reunión, cumplida en la sede de la Junta Departamental, participaron la vicepresidente del organismo colegiado, Luisa Salapata (ANR), el intendente de Encarnación, Luis Yd Sánchez, el representante de los oleros, Jorge Chávez, la representante de los ex empleados de comercio, Irene Fernández, y por la gobernación de Itapúa los funcionarios Luis María Haurón, secretario de Acción Social, y Diego Cabral, secretario de Asuntos Municipales. La EBY no envió representante, en un claro mensaje de que no tiene nada que hablar con los afectados.
El intendente Yd abogó por continuar el diálogo y la búsqueda de respuestas consensuadas a la problemática, mientras que el representante por la Gobernación, Luis Haurón, sugirió a los oleros y ex empleados canalizar los reclamos por una vía legal y no administrativa, atendiendo que la EBY da por cerrado el proceso administrativo de atención a la afectación.