El Ministerio Público y el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) intervinieron el viernes pasado un colegio privado en Lambaré, luego de una denuncia de abuso sexual en niños que aparentemente aconteció el 26 de abril pasado. La víctima sería un chico de 6 años, mientras que el presunto autor sería otro alumno de 15 años, quien habría actuado en complicidad de dos de sus compañeros.
Los fiscales sostienen que la directora de esta institución educativa, Carolina Urbieta, y otras autoridades incumplieron el protocolo establecido ante este tipo de casos. Al MEC solamente se reportó un presunto caso de acoso y no un abuso sexual como denunció la familia del niño.
La directora, la docente Olga Feltes y la coordinadora María Gabriela Santiviago fueron imputadas por violación del deber de cuidado. Urbieta, además, fue procesada por frustración de la persecución y ejecución penal y la violación de la Ley 6202/2018 sobre prevención de casos de abuso sexual.
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Prisión para imputadas
El abogado Pedro Wilson Marinoni, representante de la comisión de padres de alumnos del colegio, indicó que solicitan que las imputadas vayan a prisión.
“Como padres estamos pidiendo que se haga justicia, en relación al encubrimiento total por parte del colegio en la comisión de un hecho punible muy grave que aconteció dentro de la institución. Ellos quisieron cubrir y una vez que salió a luz esto no siguieron el protocolo establecido en el MEC. Estamos todos consternados por la situación porque le puede afectar a mi hijo o a cualquiera y hoy hay un menor de seis años que fue violentado”, declaró.
El equipo fiscal que fue conformado para la investigación solicitó la prisión preventiva para las tres imputadas.
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Con relación a la actuación del Ministerio Publicó, indicó que están conformes. “Ahora esperamos que el Juzgado haga su trabajo y decretar la prisión de estas personas porque ellas ya obstruyeron la investigación estando al frente de la institución y no podemos permitir que ellas sigan”, agregó.
No están en contra del colegio de Lambaré
El abogado, asimismo, aclaró que los padres no están en contra de la institución educativa, sino ante los encargados de la administración actual, por lo que exigen que todos los miembros sean destituidos.
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Marinoni también manifestó que exigen como comisión que se instale un sistema de seguridad más eficiente y que se permita a los padres ingresar a la institución educativa para poder verificar el cumplimiento de las medidas a adoptar y prevenir más casos de abuso.