En el punto 7 del orden del día de hoy figura el proyecto de ley que castiga las denominadas “puertas giratorias”, práctica mediante la cual ex altos funcionarios del Gobierno anterior sacaron provecho para llevar información privilegiada a empresas privadas del grupo Cartes. Sin embargo, la diputada Kattya González indicó que duda que se trate la iniciativa este miércoles.
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“Hay un fuerte lobby en contra por parte específicamente del movimiento Honor Colorado, que no ve luego peligroso que sus exministros hayan entrado después a las empresas del grupo Cartes. Tenemos desde un candidato presidencial como Santiago Peña, que lleva todo un cúmulo de conocimientos del Ministerio de Hacienda para nutrir un banco privado, hasta gente que hoy está administrando sus estaciones de servicio Enex... Esa es la puerta giratoria”, puntualizó la parlamentaria.
La diputada González explicó que si bien no son tantas las diferencias entre su iniciativa y la planteada por el Ejecutivo, el proyecto de ley que impulsa ella contiene, por ejemplo, mejoras a la ley que prohíbe el nepotismo en la función pública. El objetivo es que se castigue también el hecho de que autoridades ubiquen a sus hijos, por ejemplo, en otras instituciones públicas, para cortar así el círculo del nepotismo.
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Sobre por qué no acuerdan con el Ejecutivo para llevar un proyecto juntos, consideró que el problema es que el Gobierno ya presentó numerosas propuestas legislativas que luego no impulsa y deja que muera en la mera intención.
Qué dice la ley
El proyecto de ley plantea que todos los funcionarios deban declarar anualmente bajo fe de juramento toda eventual fuente de conflicto de intereses. Eso implica reportar sus intereses privados de grupos familiares y de amigos cercanos que puedan influir indebidamente en el ejercicio de sus funciones públicas. La normativa obligará a renunciar a participar de empresas que provean al Estado.
En el caso de la “prueba giratoria” se incluye la prohibición de que cualquier alto funcionario del Estado, con acceso a información privilegiada, pueda ser contratado por una empresa privada de un rubro ligado a su cargo estatal.
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