El jefe de Gabinete Civil, Hernán Huttemann, informó ayer que el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, firmó el Decreto N° 7.011 y con lo cual objetó parcialmente lo establecido en la Ley N° 6909/2022 que establece facilidades en las compras de combustibles y biocombustibles de Petróleos Paraguayos (Petropar). Las declaraciones las brindó en conferencia de prensa, en el Palacio de Gobierno, acompañado del presidente de la petrolera estatal, Denis Lichi, y la titular de la Unidad de Gestión de la Presidencia, Carmen Marín.
En el considerando del citado documento dice “que el enunciado de la normativa puede entenderse, sin más, como poner al margen de todo el Sistema de Contrataciones del Sector Público a cuanta personería jurídica extranjera que provea a Petropar”.
Agrega que “podría ver malogrado su propósito de dotar de estabilidad y previsibilidad del ámbito contractual del Estado. En virtud de ello, el Poder Ejecutivo entiende justificable objetar que dicha norma, con esa redacción, integre el ordenamiento jurídico”.
La ley sancionada por el Congreso establecía que las compras de combustibles y biocombustibles de Petropar sean exceptuadas de la Ley N° 2051 de Contrataciones Públicas y que las proveedoras no sean más obligadas a presentar declaraciones juradas (DD.JJ) para suministrar los citados productos en licitaciones públicas internacionales. Este último, el Ejecutivo lo aprobó por considerar que no altera el proceso de compras públicas.
La ministra Marín explicó que el Ejecutivo desea que se mantengan las reglas de Contrataciones Públicas en las compras de Petropar y quedaría vigente, en caso de que se acepte la objeción parcial, lo relativo a las declaraciones juradas.
Esta ley parcialmente vetada surgió tras el debate del subsidio concedido a los combustibles de Petropar, y que tuvo dos semanas de vigencia a pesar de los cuestionamientos del control y distorsión del mercado. Ahora, con esta nueva herramienta, al eliminar las exigencias de las declaraciones juradas a los directivos de empresas extranjeras proveedoras de Petropar se tendrían que agilizar las operaciones y reducir costos, atendiendo a que ello fue el objetivo inicial de esta normativa. Esta ley se sancionó en medio de manifestaciones de camioneros con el apoyo de sindicalistas de Petropar.
Por otra parte, la exigencia de las DD. JJ de bienes surgió en 2019 como medida para controlar quiénes son proveedores de instituciones públicas, sin embargo, según el Ejecutivo, esta disposición impedía que refinerías compitan para vender productos a Petropar, ya que varias de ellas son 100% estatal. Sin embargo, dicho requerimiento no fue impedimento para que YPF Argentina vendiera 60.000 litros de nafta virgen, valuada en US$ 25 millones. La empresa, de capital público y privado, recurrió a una acción de inconstitucionalidad para “salvar” la situación.
““Las deudas de operadores no son permanentes “
El presidente de Petróleos Paraguayos (Petropar), Denis Lichi, afirmó ayer que las deudas de los 222 operadores no son permanentes, que se vencen cada mes, y que el promedio de cada uno es de G. 1.000 millones. “Un ejemplo, cada estación de servicio que venda 200.000 litros de combustibles, representa prácticamente (una deuda) de G. 1.400 millones, porque a G. 7.000 (el litro) de combustible es prácticamente lo que se entrega a operadores”, dijo.
Añadió que los clientes deben pagar esa deuda para seguir retirando combustible. “Vence la factura y lo pagan”, dijo.
Sin embargo, evitó brindar declaraciones referente a que ese plazo de un mes se aplica “de acuerdo a la cara del cliente”. Conforme a fuentes extraoficiales, políticos y sus familiares mantienen enormes deudas, incluso sobregiradas.
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