Nuestro diario accedió este fin de semana a documentos que revelan la millonaria deuda que mantienen los operadores de estaciones de servicio del emblema Petropar. Son recursos que pertenecen a la estatal y que hoy está en manos de empresarios privados, muchos de ellos políticos, autoridades electas como concejales, gobernadores y diputados, además de sus parientes, que se enriquecen en detrimento del capital operativo de la empresa pública.

Según datos internos del propio ente, a los que tuvimos acceso de manera extraoficial, estos operadores de sello Petropar adeudaban G. 236.310.794.765 (US$ 35 millones al cambio actual) hasta el 31 de marzo último, cifra que es mantenida en secreto por el presidente de la petrolera, Denis Lichi, así como por todo el Gobierno de Mario Addo Benítez.

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Petropar, amiga de colorados

Pero los que se benefician no solamente son los políticos colorados abdistas, también los cartistas y otros amigos de los poderosos de nuestro país. En la nómina de clientes se encuentran nada más y nada menos que Pedro Alliana, presidente de diputados y la ANR (Cartista); también los diputados Erico Galeano (Cartista), Basilio Núñez (Cartista), Tomás “Ever” Rivas (Oficialista), Jazmín Narváez (Oficialista), Blanca Marina Vargas de Caballero (Cartista).

De acuerdo con la información oficial de Petropar, el plazo de venta a crédito que la empresa ofrece a sus operadores es de hasta 30 días, pero los datos extraoficiales indican que en realidad, ese tiempo se aplica “según la cara del cliente”. Y es así que los políticos y otros amigos del Gobierno (o del expresidente Horacio Cartes) pueden tener plazos de hasta seis meses o un año, inclusive. Negocio redondo para estos “empresarios” que accedieron a la “actividad petrolera” sobre todo durante el gobierno cartista, según se pudo corroborar.

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La lista de políticos y afines que tienen estaciones de Petropar sigue con Juan Carlos Baruja, gobernador de Paraguarí y exministro de Agricultura (Cartista); Víctor Molas Turó, seccionalero; Néstor Castellano, concejal colorado de Capiatá; Celina Roa Vda. De Morel, exgobernadora de Caazapá; Blas Leguizamón, exintendente de Hernandarias; Maximiliano Barrios Gini, exconcejal de Quiindy.

En total, se trata de unos 222 clientes que se benefician de las “bondades” de Petropar.

“Puenteo” a ley 2051 de Contrataciones

Precisamente, es a esta empresa pública, históricamente manchada por numerosos hechos de corrupción con recursos de los contribuyentes paraguayos, a la que el Gobierno pretende darle la venia para compre combustibles del extranjero sin pasar por la ley 2051 de Contrataciones Públicas.

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Eso, a través de la ley sancionada la semana pasada en tiempo récord, que originalmente solamente apuntaba a eximir de las exigencias de la ley 6355 a las proveedoras de combustibles del extranjero, para que estas puedan participar en los llamados de Petropar sin tener que presentar sus declaraciones juradas de bienes y rentas. Pero que finalmente, luego de un cambio hecho a espaldas de la ciudadanía, ya nadie mencionó la modificación en la sesión del Senado ni de Diputados, el Legislativo aprobó también excluir a las empresas extranjeras del cumplimiento de la ley 2051.

Precisamente, los diputados que tienen estaciones de servicio de sello Petropar fueron algunos de los que votaron a favor del “puenteo” a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). Ellos son los cartistas Alliana, Galeano, “Bachi” Núñez y Vargas de Caballero, así como los oficialistas (abdistas) Rivas y Narváez.

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Petropar: Gobierno analiza ley sancionada

ABC preguntó ayer a Denis Lichi qué opina, como presidente de la empresa pública afectada por los alcances de la ley en cuestión, y respondió que están analizando junto al Poder Ejecutivo: “Viernes tuvimos una reunión presidencia (de la República), DNCP, Petropar, donde estuvimos analizando lo aprobado por el Congreso. Martes (por mañana) volveremos a reunirnos para ver si se promulga o lo contrario. Estamos viendo el alcance de la misma”, dijo.

Respecto a la millonaria deuda que tienen los operadores de estaciones de servicio de emblema Petropar, se le consultó si hay garantía de recuperarla, a lo que respondió “por supuesto”.

Engañoso discurso sobre eliminar intermediarios

Cuestionados sindicalistas de Petropar y camioneros que se movilizaron en todo el país presionaron para que se sancione la ley de referencia. El engañoso discurso decía que con esta ley se abarataría el combustible al “eliminar la intermediación” en las compras de Petropar. Nada más lejos de la realidad. Por un lado, porque el intermediario asume los costos de logística que la estatal no posee y, por otro, porque las propias autoridades de la estatal reconocieron que no bajará el precio al usuario final.

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