Ivan Dumot, del Centro de Importadores del Paraguay (CIP), afirmó que el gremio está preocupado por el apuro y la falta de estudio del impacto de la ley sancionada supuestamente con el objetivo de bajar precios de combustibles para el usuario final. “Era una iniciativa interesante permitir más participantes en la competencia de precios y lograr una mayor eficiencia en las compras de Petropar. Terminó con una modificación que deja las compras a su arbitrio, sin el control de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)”, afirmó. Recalcó que las adquisiciones de la petrolera estatal son importantes.“Ese cambio que se dio en el Senado no era lo que se buscaba con el proyecto de ley. Coincidimos con la postura del Ejecutivo de que la modificación hecha en el Congreso no es la más adecuada y debería darse un veto parcial”, concluyó.
Héctor Cristaldo, de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), la calificó como ley “Frankenstein” debido a la modificación que sufrió en senadores y aprobada por diputados. “Se dice una cosa, se escribe otra, termina en una ley Frankestein”, criticó.
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Añadió que este contexto genera desconfianza y confusión, sobre todo por la presión de los camioneros y de los sindicalistas de Petropar por aprobarla. “Las leyes express, aprobadas al galope y sin analizarse de consecuencias que pueden tener, incluyendo la falta de transparencia, terminan crispando la convivencia ciudadana”, dijo.
Ariel Felippo, del Centro Azucarero y Alcoholero Paraguayo (CAAP), aseguró que con los socios se preguntaron a quiénes favorecerán la ley sancionada, teniendo en cuenta que la propia Petropar informó que no es garantía de que se reduzcan los costos con la maniobra inicialmente propuesta. “¿Acaso se beneficiarán las empresas de maletín o aquellas sin la suficiente documentación para que después asuman responsabilidades?”, preguntó.
Luis Tavella, de la Federación Paraguaya de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Fedemipymes), recalcó los antecedentes de denuncias de corrupción en torno a la gestión de Petropar. “La verdad no sé qué función cumple, porque no es regulador y eficiente tampoco”, sostuvo.
Eugenio Caje, de la Asociación de Importadores y Comerciantes del Paraguay (Asimcopar), recalcó que es fundamental que se rijan por normas de transparencia. aplicar estrategias para abaratar costos, pero sin que impliquen potenciales negociados, velando por los recursos del fisco.
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No controlará importante flujo
El director de Contrataciones Públicas, Pablo Seitz, confirmó que Petropar está entre las que mayor cantidad de compras públicas realizan y representa el 9% de la demanda de recursos. “De aplicarse la ley sancionada por el Congreso serían esas compras las que no estarían sometidas a las normativas y control de compras públicas”, informó ayer. Recomendó al Ejecutivo rechazarlo.