El proyecto de ley aprobado con modificaciones y que pasa ahora a Diputados restituye fondos para los rubros 847 y 842 de Aportes a entidades educativas e instituciones sin fines de lucro en el presupuesto de las Gobernaciones. Estos rubros habían sido cortados este año por el tufo a corrupción con que se manejaban y fueron reprogramados para inversión en obras de construcción.
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La principal modificación introducida es la fijación e un tope para la entrega de recursos sin licitación, pudiendo transferir a una misma oenegé o institución educativa hasta dos desembolsos en un mismo ejercicio fiscal de máximo 40 salarios mínimos, es decir al año un total de G. 183.145.920, según el salario actual.
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La iniciativa igualmente encontró rechazo de varios senadores, que insistieron que en dichos rubros únicamente se prestan a la corrupción. Entre ellos el senador Pedro Santa Cruz (PDP), quien explicó el dictamen por el rechazo de la Comisión de Cuentas y Control.
“Cuentas y Control recomendó inicialmente el rechazo debido al mal uso que las gobernaciones han dado a estos recursos, y por constituir un foco de corrupción que tomó estado público y estamos hablando de la Gobernación de Central y otras”, dijo y se ratificó en el dictamen de rechazo.
En el mismo sentido, el senador Stephan Rassmusen (PPQ) se pronunció por el rechazo, mencionando que justamente quitaron de presupuesto 2022 la posibilidad de estas entregas directas de dinero por “el altísimo foco de corrupción y discrecionalidad que hay en esas transferencias” y que finalmente suelen terminar en bolsillos de unos pocos o para intereses políticos partidarios.
Lamentó que con esta aprobación, una “otras vez estamos abriendo la canilla para la discrecionalidad y la corrupción”, dijo Rassmusen. “No se le saca a las gobernaciones la posibilidad de seguir acompañando y dar soluciones a las necesides que se tengan en su territorio, lo que si se saca es la discrecionalidad y la posibilidad de que puedan hacer las transferencias directas de dinero y se gasten como uno quiera, porque las rendiciones de las oeneges se hacen a posteriori”, afirmó el senador patriaquerista.
En defensa de la iniciativa argumentaron Juan Darío Monges (ANR, cartista) y los liberales Amado Florentín (PLRA), Abel González y José “Pakova” Ledesma, alegando que al establecer un tope, se permite únicamente que los recursos puedan ser usado para cuestiones urgentes.
Florentín refirió que son necesarias estas transferencia en montos pequeños y citó por ejemplo los casos de Juntas de Saneamiento, clubes deportivos, comisiones vecinales y proyectos productivos, que son difíciles de hacerse mediante licitación.