El juez penal de Garantías Julián López fijó para el 24 de mayo, a las 9:30, la audiencia preliminar para la expresidenta de Petróleos Paraguayos (Petropar) Delia Patricia Samudio Torras y su esposo José Costa Perdomo, acusados de lesión de confianza por la presunta compra irregular de agua tónica, con la excusa que el líquido era eficaz para combatir el covid-19.
La última vez que se intentó llevar a cabo la diligencia, en la que se debe resolver si el caso se eleva a juicio oral y público como pide el Ministerio Público, fue el pasado 18 de febrero. En esa ocasión la suspensión de debió a una apelación presentada por la defensa de la ex titular de la petrolera estatal.
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La apelación planteada por el propio Costa Perdomo, quien también ejerce la defensa de su esposa, fue contra el rechazo de la reposición que había presentado ante la decisión del Juzgado de Garantías a cargo de la causa, de que la excepción de falta de acción sea analizada recién en la audiencia preliminar.
Habría utilizado dinero de Petropar para pagar cuenta personal
Según la acusación fiscal, bajo la administración de Patricia Samudio, Petropar adquirió, por la vía de la excepción, de la firma proveedora Solumedic SA, 3.000 tapabocas N95, 5.000 botellas de agua tónica y otros insumos, por un total de G. 359.700.000.
Esta suma fue transferida a una cuenta de la empresa Racole SA, para el pago parcial de una deuda de Costa Perdomo, esposo de la entonces funcionaria estatal, siempre según el relato de los fiscales Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera en la acusación.
Ante la posible estrategia de la defensa de Samudio, de pedir la extinción de la causa y por ende el sobreseimiento definitivo de los procesados, alegando que los G. 359.700.000 (monto del perjuicio que sufrió el Estado), ya fue devuelto en su totalidad por la empresa Solumedic SA, la fiscala Liliana Alcaraz indicó que la devolución del dinero se dio después de la apertura de la presente causa.
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La agente del Ministerio Público remarcó que para la Fiscalía la causa se debe discutir en un juicio oral, aunque los directivos de la empresa Solumedic SA Liz Adolfina Chamorro Ferreira y Víctor Ramón Cabañas Fernández hayan devuelto al Estado los G. 359.700.000.
Los acusados alegan que el supuesto perjuicio patrimonial causado con la supuesta compra irregular de agua tónica, que asciende a la suma de G. 359.700.000, ya fue reparado. En consecuencia, aseguran que ya no hay motivos para la persecución penal, por lo que plantearon una excepción por falta de acción.
Salida procesal benefició a coacusados
Los coacusados Félix Marcelo Chávez, Roberto Cabrera Narváez, Miguel Darío Cáceres y Freddy Agustín Careaga tuvieron su audiencia preliminar en noviembre del año pasado y el juez Julián López hizo lugar al pedido planteado por las defensas y otorgó la suspensión condicional del procedimiento para los cuatro.
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Los fiscales Francisco Cabrera y Liliana Alcaraz se allanaron a la propuesta, teniendo en cuenta que los mismos fueron procesados como cómplices de la lesión de confianza y la expectativa de pena no es elevada.