Dos de las autoridades de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), Rubén Rousillón Blaires y Ricardo Núñez Giménez, tienen prohibición de salir del país, no pueden cambiar de dirección ni de contacto telefónico y deben proporcionar una fianza real como medida alternativa a prisión por el proceso de supuestos hechos de corrupción en la gestión de juegos de azar, al igual que Omar Rodrigo Mongelós González, exintegrante de la misma comisión. La decisión fue impuesta por el juez Humberto Otazú.
Los miembros de la reguladora de juegos de azar se encuentran procesados por “regularización” de tragamonedas en sitios prohibidos, reducción del canon a concesionarias en pandemia, decisión que representó una caída de recursos para la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Diben) en plena pandemia y la adjudicación de la quiniela a una firma morosa con el fisco. Sólo esto último no se le adjudica a Mongelos.
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De esta manera, ya son cuatro las personas con medidas alternativas a la prisión por la gestiones en Conajzar, sumado a Sergio Coscia, exprocurador de la República. Siguen pendientes de la imposición de medidas José Antonio Ortiz Báez, expresidente, Carmen Corina Alonso, titular de la Diben, Álvaro Wasmosy Carrasco (representante de TDP SA, explotadora de la quiniela) y Raúl Silva Alonso, exintegrante de Conajzar.
Cabe recordar que días atrás, el Ejecutivo promulgó la ley de tragamonedas, que ratifica la prohibición del uso de estas máquinas en sitios que no sean exclusivos de juegos de azar, tal como ya lo establecía la normativa vigente.
Conajzar no informa impacto de ley de tragamonedas
Cuando fue sancionado el proyecto de ley de tragamonedas semanas atrás, la presidente interina de Conazjar, María Galván, cuestionó lo planteado porque aspectos dispuestos en dicho documento ya se encuentran vigentes. Cabe recordar que lo planteado surgió en el Congreso como respuesta política a la violación de la normativa que la misma Conajzar debería velar para la protección de los niños, niñas y adolescentes de la influencia de tragamonedas y del peligro del desarrollo de la adicción a las apuestas (ludopatía).
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A la fecha, sólo informó que se encuentra trabajando en la reglamentación de la ley. Galván evita sistemáticamente informar a la ciudadanía en qué consiste ese trabajo y el impacto de la nueva ley a su plan de “legalización” de tragamonedas. Cabe recordar que la comisión ya cuenta con resoluciones que establecen los parámetros de los sitios en donde están permitido el uso de esas máquinas, en concordancia con el Decreto N° 3083 del 2015, normativa que pisoteó.