El titular de Petróleos Paraguayos (Petropar), Denis Lichi, está manteniendo en secreto las deudas que tienen las más de 220 estaciones de servicios con la empresa pública, por la provisión de combustibles, las cuales son operadas por privados, varios de ellos políticos.
Con la implementación del subsidio durante 15 días en la estatal, entre marzo y abril, los compromisos pendientes de pago con la estatal también se habrían triplicado y sospechosamente, la institución evita informar las cifras, con la excusa de “confidencialidad” de los contratos con los operadores. ¿Cómo una empresa estatal firmará contratos con cláusulas de confidencialidad?, nos preguntamos, ya que por ley está obligada a informar los datos requeridos por la ciudadanía.
“Por una confidencialidad, ya creo que eso se había solicitado en su momento, y un dictamen de la asesoría jurídica manifiesta que contractualmente nosotros estamos impedidos de informar de forma puntual la deuda de cada estación, pero sí (podemos informar) de forma general”, señaló a este diario Lichi el lunes último y se comprometió a remitir las cifras globales de todas las operadores.
Sin embargo, después de dicha entrevista ya no respondió al respecto, al igual que el director de Comunicaciones de la institución, Felipe Oddone, que también se comprometió a remitirnos los datos solicitados.
Según los datos, entre saldos vencidos y refinanciación, los operadores le debían a Petropar G. 50.000 millones a diciembre de 2021 y deudas no vencidas llegaban a G. 160.000 millones. Justamente, se estima que en el negocio de Petropar con sus operadores hay un gran “bicicleteo”.
De acuerdo con las cifras, en todas sus líneas de negocio Petropar tiene deudas vencidas por G. 522.000 millones a diciembre 2021, que incluyen operadores, Estado, tarjeta flota, entre otros. Pero actualmente, con las ventas triplicadas, la deuda de la estatal sería aún mayor aún mayor y sospechosamente la evitan socializar.
La Contraloría General de la República (CGR) también ya pidió la información a Petropar sobre sus operadores y queda esperar si en la estatal también alegará confidencialidad para no responder al ente contralor. Esta institución también pidió datos respecto al subsidio a la estatal para abrir una auditoría.
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También ocultan monto del subsidio
En Petropar hasta ahora no dan a conocer la cifra final del costo total que tendrá el subsidio a la estatal y solo hay contradicciones y declaraciones llamativas al respecto. El titular de la estatal, Denis Lichi, informó el lunes último que la subvención de la nafta 93 y el diésel común (tipo III) iba a tener un costo de G. 39.000 millones al Fisco.
Esto por los 15 días de vigencia de la Ley Nº 6900, que autorizaba el subsidio de los carburantes a la estatal y que fue derogada hace nueve días por violar la libre competencia.
Sin embargo, desde la Dirección de Comunicaciones de la institución afirmaron que “el presidente se equivocó en la cifra que dio a los medios de prensa el lunes y que dicho monto tendrá variaciones” y, llamativamente, para arriba.
Pese a insistencias el director de comunicaciones, Felipe Oddone, indicó que “todavía no tenían un cierre definitivo de los números” y que “se siguen consolidando y el número va a ser mayor, pero no podemos pasar una cifra parcial”, indicó.
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Contraloría pidió informes
A través de tres notas diferentes, la Contraloría General de la República (CGR) pidió el martes último informes y documentos a Petropar, al Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y al Ministerio de Hacienda (MH) sobre la implementación de la derogada Ley N° 6.900, que autorizaba el subsidio a los combustibles de la estatal Petropar, cuyo costo al Estado aún se desconoce. Las notas del ente contralor fueron dirigidas al presidente de Petropar, Denis Lichi, al titular del MIC, Luis Castiglioni, y al ministro de Hacienda Óscar Llamosas.