En su sesión de este jueves, la Junta Departamental de Central resolvió rechazar el pedido de permiso hecho por el gobernador Hugo Javier González (ANR, Partido Colorado), imputado por supuestos hechos de corrupción y actualmente bajo arresto domiciliario.
El gobernador Hugo Javier González solicitó a la Junta Departamental 15 días de permiso luego de varios días de ausencias injustificadas debido a que su arresto domiciliario le impide presentarse a la Gobernación para cumplir sus tareas.
Durante la ausencia del gobernador, el encargado de despacho que cumple temporalmente sus funciones administrativas es el concejal departamental Mario Aguilera (PLRA).
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El concejal Adrián Billy Vaesken (PLRA) comentó a ABC Color que si el gobernador González vuelve a ausentarse de la Gobernación el viernes –lo que sería un hecho debido a su arresto domiciliario–, la Junta Departamental debe iniciar el proceso para destituirlo y elegir de entre los ediles a un reemplazante interino que ejerza el cargo de gobernador hasta el final del actual periodo, que culmina en agosto de 2023.
“Los concejales deben tener madurez política y entender que la Gobernación está por encima de los partidos”, opinó el concejal Vaesken, agregando que pidió a sus colegas “que se quiten la camiseta de Hugo Javier, la camiseta de cartistas”.
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Señaló que la acefalía administrativa que atraviesa la gobernación por la ausencia de su jefe ejecutivo podría significar que un centenar de funcionarios gubernamentales no puedan cobrar sus salarios de abril, entre otros problemas administrativos.
Intervención de la Gobernación
Por otro lado, el concejal Vaesken señaló que el próximo lunes la Junta Departamental va a tratar un pedido de intervención de la Gobernación de Central, que de ser aprobado será enviado a la Cámara de Diputados.
El gobernador colorado cartista Hugo Javier González está imputado por supuestos hechos de corrupción en la ejecución de un millón de dólares otorgados a la Gobernación de Central por el Poder Ejecutivo en 2020, como un estímulo económico para la realización de obras de infraestructura que generen puestos de trabajo en el marco de la crisis económica causada por la pandemia de covid-19.