Hace meses que los empresarios de ciudades fronterizas buscan instrumentos legales que les conviertan en destinos atractivos para el turismo de compras, frente a la oferta de los países vecinos que cuentan con tiendas Duty Free. De esta manera surgió el proyecto de ley de Régimen de Turismo Comercial, cuyo tratamiento se encuentra previsto en la agenda del Senado para este jueves. Hace tres semanas fue pospuesto el tratamiento para consensuarlo entre los sectores afectados y mañana se debatirá de nuevo. La iniciativa, sin embargo, divide a gremios empresariales.
El proyecto de ley plantea que los productos importados bajo este régimen, que serán revendidos en ciudades fronterizas y cabeceras departamentales a los turistas extranjeros, no abonen lo correspondiente al Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) e Impuesto al Valor Agregado (IVA), tampoco los aranceles aduaneros y otros, y que sólo se pague un anticipo de 4,5% del Impuesto a la Renta Empresarial (IRE). El temor de gremios empresariales es que esos artículos inunden en el mercado local, similar situación a la que se registra con el contrabando.
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El presidente de la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu), Alberto Sborovsky, afirmó hoy que espera que el Senado archive el citado proyecto de ley. “Las condiciones que propone actualmente el proyecto significan un atentado contra el modelo de país que los gremios están buscando, que es industrializador, inclusivo y de menor dependencia de los países vecinos”, sostuvo. Fue tras la conferencia de prensa que organizaron los gremios de la producción para pronunciarse a favor del proyecto de ley impulsado por el senador Enrique Riera, que busca elevar las penas para quienes cierran rutas.
Sborovsky añadió que ese régimen sugiere que el dinamismo económico dependa de las compras que realizan los extranjeros, por lo que, “automáticamente se está supeditado a la situación económica de los países vecinos”, dijo. “La devaluación de la moneda es lo que marca la diferencia entre los precios con Argentina y Brasil, no los impuestos”, recalcó.
El titular del Centro Azucarero y Alcoholero Paraguayo (CAAP), Ariel Felippo, advirtió que la propuesta significa una tergiversación de los impuestos y del libre manejo de las empresas. “Asunción también se vería afectada, es una ciudad fronteriza con Argentina. Cualquier comercio asunceno va a decir que también quiere someterse al régimen de frontera y va a tergiversar completamente el pago de impuestos”, aseveró.
El rubro azucarero es uno de los más afectados por la inacción del contrabando, ya que azúcar que ingresa ilegalmente inunda el mercado, según denuncian productores y empresas formales de comercialización. De hecho, el sistema de control propuesto para el régimen de turismo comercial -por parte de los empresarios de ciudades fronterizas- es el mismo que se aplica para el azúcar, que es la verificación electrónica, modelo que fracasó, según aseguran desde el Centro de Azucareros.
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Ciudades fronterizas necesitan alternativa
El representante de empresarios de ciudades fronterizas, Said Taigén, por su lado recordó que hace tiempo que se intenta lograr la atención de las autoridades para mantener el empleo y dinamismo económico en estas zonas del país. Recordó que existe un régimen de turismo vigente, pero que el porcentaje de impuestos se establece por decreto, y así es cambiante, no le permite tener previsibilidad a las empresas del rubro.
Taigén destacó que los extranjeros no deben abonar por impuestos locales, y que los mismos representan entre 20% y 40% del precio final del producto. “La propuesta va a sincerar los costos y será el fin del contrabando. Es un instrumento formalizador”, afirmó, contrariamente a lo que plantean UIP, Capasu y los demás gremios.
Seguidamente, se preguntó cuál es el verdadero interés de aquellos que se oponen a la aplicación del proyecto de ley planteado. “El contrabando es de a dos, el que trae los productos de manera ilegal y las autoridades que no los controlan”, señaló.
El empresario indicó que mañana es un día decisivo para tratar el proyecto que busca fomentar el turismo de compras, una oportunidad para conocer quiénes están en contra o apoyan la economía de ciudades fronterizas, lo cual se tendrá en cuenta cuando los políticos se acerquen para pedir votos, advirtió.