Los cartistas agotan excusas para otorgarle blindaje al gobernador de Guairá

Luego de evitar por tres semanas consecutivas la puesta en marcha de la Comisión Especial para analizar el pedido de intervención de la administración de Juan Carlos Vera (ANR, cartista) al frente de la Gobernación de Central, la bancada de Honor Colorado (HC) en Diputados quedó sin excusas para seguir intentando trabar el proceso.

El cuestionado gobernador de Guairá, Juan Carlos Vera (ANR, HC) sigue siendo salvado en Diputados gracias a maniobras cartistas.
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La integración de la mencionada Comisión Especial figura como primer punto del orden del día de la sesión de hoy en Diputados.

El 30 de marzo y el 6 y 11 de abril pasado, el cartismo operó para dejar sin quórum las sesiones de dichas fechas, evitando de esta manera designar a sus representantes ante la comisión especial para el caso Guairá.

El oficialismo colorado, ya designó en su representación a Édgar Espínola, Ángel Paniagua y Hugo Ramírez, mientras que los liberales nombraron a Eusebio Alvarenga, Antonio Buzarquis y Andrés Rojas Feris. Por su parte, Rocío Vallejo (PPQ) es la representante de la multibancada opositora.

Denuncias de presuntas irregularidades en la Gobernación de Guairá, a cargo de Juan Carlos Vera (ANR, cartista).

Con esto solo falta que Honor Colorado asigne a sus miembros, cuatro según criterio del presidente de Diputados, Pedro Alliana (ANR, cartista), con lo que la bancada llanista quedaría sin cupo.

A partir de la integración de la Comisión Especial, se convocará tanto a denunciantes como al gobernador Vera, en este último caso para realizar su descargo correspondiente e incluso se podrá solicitar una verificación in situ de las obras cuestionadas, tal como ocurrió en el caso del gobernador de Central, Hugo Javier González (ANR, cartista), imputado por varios delitos y actualmente con prisión domiciliaria.

A diferencia del caso de Central, donde el presunto desvío de fondos covid-19 es de US$ 1 millón, a la administración del gobernador Vera se le atribuye haber presuntamente malversado US$ 2 millones, que también debían ser destinados a la reactivación económica en pandemia.

Además de la denuncia de la Junta Municipal, existen informes de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) y Contraloría, así como investigaciones abiertas de Fiscalía y la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET).

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