El diputado colorado cartista Walter Harms, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja, informó ayer que en la última reunión conjunta que se realizó a inicios del mes con todos los sectores del Ministerio de Relaciones Exteriores (RR.EE.), se le encomendó al canciller nacional, Euclides Acevedo, para acercar una propuesta consensuada acerca del polémico proyecto de ley del servicio diplomático, consular, administrativo y profesional (busca derogar la actual Ley Nº 1335/99).
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Harms informó que la comisión de RR.EE. espera que la Cancillería envíe este lunes o martes una propuesta consensuada. “Si no hay respuesta, haremos una reunión conjunta, Relaciones Exteriores, Legislación, Asuntos Constitucionales, para tomar una decisión, lo que se tenga que modificar. Esperamos que nos traigan si es que llegaron a un acuerdo”, manifestó el legislador.
En la última reunión conjunta, miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Constitucionales, y Legislación y Codificación recibieron al ministro de Relaciones Exteriores, Euclides Acevedo, y a representantes de los gremios de funcionarios de la Cancillería nacional, para escuchar las posturas. Según los datos, la Cámara de Diputados tratará el proyecto de ley en plenaria antes que culmine este mes.
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Polémica
El proyecto de ley fue aprobado en el Senado a fines de diciembre pasado, con fuerte lobby de la senadora colorada oficialista Lilian Samaniego, cuyo esposo es el cónsul general en Foz de Iguazú, Jorge Antonio Coscia Saccarello.
El proyecto de ley cuenta con 136 artículos. Uno de los puntos más polémicos de la norma guarda relación con la habilitación al Poder Ejecutivo de incorporar “por única vez” al escalafón diplomático a funcionarios (unos 160) permanentes que cumplen funciones en la Cancillería o en el exterior, basado en la propuesta de la Junta de Calificaciones.
Pedro Centurión, del Sindicato de Funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, abogó por el proyecto y aseguró que este reivindicará importantes derechos laborales postergados para funcionarios con más de 26 años de antigüedad.
Por su parte, la Asociación de Diplomáticos Escalafonados (Adep) refirió que el proyecto habilita el ingreso masivo de funcionarios cuyo impacto presupuestario se calcula en U$S 2.5 millones anuales.