El Tribunal de Sentencia que dictó condenas de entre 2 y 10 años de pena privativa de libertad para funcionarios del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), representantes de organizaciones no gubernamentales (ONG) y líderes campesinos concluyó que en el juicio oral el Ministerio Público probó el esquema delictivo que los mismos instalaron para causar un perjuicio de G. 3.821.241.395 al Estado.
Este daño fue ocasionado mediante tres convenidos firmados por el Fondo de Inversiones para el Desarrollo Sostenible (FIDES) con la Asociación Nacional de Productores Agropecuarios Fundación (ANAPA), la Fundación Nación Guaraní y la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC). Con estos convenidos se buscaba el apoyo a la agricultura familiar campesina en materia de seguridad alimentaria.
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Según lo que logró probar en juicio el fiscal Leonardi Guerrero, FIDES entregó el dinero a las organizaciones, pero estas no proveyeron a los destinatarios finales los materiales que necesitaban para la implementación de los proyectos. Incluso, en algunos casos, los insumos ni siquiera se compraron.
Esquema delictivo
La presidenta del Tribunal de Sentencia Lourdes Peña resaltó que en el juicio oral se probó que el dinero se entregó en propias manos a los representantes de las ONG y líderes campesinos cuando tuvo que haber sido por transferencia bancaria. También que se falsificaron firmas en la rendición de cuentas y sobrefacturaciones en la compra de insumos.
Otra grave irregularidad es que el representante de la Fundación Nación Guaraní, Ronald Guerrero, también era uno de los proveedores.
“El dinero del Estado era para que muchas familias salgan de la pobreza, pero ese objetivo se frustró, ya que esas personas siguen en estado de vulnerabilidad. No se eliminó el hambre ni se cambió la situación económica de estos compatriotas”, cuestionó la jueza Peña.
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Fiscalía solicitó condenas más elevadas
El fiscal de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) Leonardi Guerrero dijo que esperará la sentencia íntegra para definir si apela la condena establecida por el Tribunal de Sentencia, inferior a la que solicitó.
“Cuando se entregue la sentencia total, el 21 de este mes, voy a analizar y considerar si el Ministerio Público recurrirá o no a esta sentencia, teniendo en cuenta que la sanción penal aplicada a todos por el Tribunal no coincide con lo solicitado por el Ministerio Público”, indicó.
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En sus alegatos finales, Guerrero solicitó 12 años de cárcel para el exfuncionario del Indert César González Parini y para Ronal Guerrero y Armando Báez (Fundación Nación Guaraní) y 7 años para los funcionarios Sergio Ortega, Irma Piñánez y Eulalia Cardozo. Para Luis Aguayo, Luis Gilberto Ruiz y María Esther Leiva solicitó 10 años de cárcel y 8 para Antonio Gayoso.