La fiscala de turno en Paraguarí, Cecilia Núñez, dijo que el Ministerio Público no puede intervenir en liberar la ruta en el kilómetro 62 de la Ruta I, pues no es función del Ministerio Público liberar rutas ni intervenir en el despeje, ya que esto es función de la Policía Nacional en el marco de la seguridad interna.
Explicó que si eventualmente el cierre de ruta deriva en la comisión de hechos punibles de acción penal pública, “ahí sí interviene el Ministerio Público”.
Aseguró que están al tanto de lo que pasa y que ya dio instrucciones a la Policía acerca de lo que tienen que hacer en el marco de sus atribuciones.
Solo intervienen si pasa a mayores
Mencionó que si el cierre llega a pasar a mayores y a suceder alguna lesión grave, etcétera, intervendría el Ministerio Público.
No obstante, dejó en claro que la Policía preventivamente debe intervenir antes de que ocurran estos hechos, pues “ellos son órganos de aplicación y están para cuidar la integridad física de los paraguayos de acuerdo a la ley”.
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Indicó que si la policía debe utilizar la aprehensión de las personas, ahí sí ya debe comunicar a la Fiscalía.
La doctora Cecilia Núñez sostuvo que cerrar la ruta “no es un delito de acción penal pública”.
Imputar “sería muy rebuscado”
“No hay ninguna parte que conozca de la ley que hable de que cerrar una ruta es hecho punible. Podría eventualmente adecuarse a algunos hechos punibles como la coacción, pero sería muy rebuscado”.
La fiscala expresó que la manifestación de camioneros “no es una cuestión de un hecho punible contra un bien jurídico, son cuestiones económicas y sociales que se tratan de forzar con este tipo de acciones”.
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Hay antecedentes de imputaciones
Pero en realidad sí hay casos en que se imputa a personas por cerrar rutas.
En abril de 2021, imputaron a dirigentes de movimientos campesinos e indígenas por supuestos hechos de coacción y perturbación a la paz pública tras cerrar por varias semanas la ruta PY18 en San Juan Nepomuceno.
Además, en agosto de 2021, 17 camioneros fueron imputados por delitos de coacción, perturbación a la paz pública y resistencia, tras cerrar ruta y generar incidentes.
La Constitución Nacional garantiza la libre circulación, y en su artículo 41 dispone que “los habitantes pueden transitar libremente por el territorio nacional”.
Aproximadamente 15 camiones de gran porte se encuentran ubicados a la altura del km 62, sobre la Ruta PY01, protestando contra la suba del combustible. Los dirigentes habían prometido no recurrir a medidas de fuerza durante la Semana Santa, pero algunos gremios ya iniciaron las movilizaciones de manera intermitente.