La Contraloría General de la República (CGR) hizo público su informe final sobre la Fiscalización Especial Inmediata (FEI) a la Gobernación del Guairá, administrada por el cartista Juan Carlos Vera. El documento de 129 páginas confirma una serie de irregularidades en el manejo de G. 6.382 millones, el primer millón de dólares, del fondo covid entregados por el Poder Ejecutivo para la reactivación económica del IV departamento.
Algunas de las observaciones más resaltantes son que la institución departamental transfirió gran parte del dinero público a comisiones sin que las mismas cumplan con todos los requisitos documentales y exigencias establecidas en la guía de normas y procesos del Presupuesto General de la Nación 2020, además que las transferencias también se realizaron sin que las ONG presenten proyectos de bien público, conforme a las necesidades de sus comunidades. También está la contabilización de una deuda flotante de G. 150 millones a favor de la Comisión Directiva del Club Atlético Central, presidida por Ricardo Benítez, sin que la organización esté reconocida al momento de registrar la obligación.
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Asimismo, figura que el gobernador Vera Báez transfirió G. 749 millones del primer millón de dólares a la Comisión Directiva del Consejo de Emergencia Departamental, siendo el titular de esa ONG el funcionario de la gobernación, Carlos Augusto Ramos. Este pago se realizó pese a las prohibiciones establecidas en la Ley 1626/00 “De la Función Pública”, según el informe.
Obras deficientes
El ente de control verificó 29 obras realizadas por las ONG beneficiadas por la institución departamental. En el primer informe parcial se encontró falencias en todas las inversiones.
Para el documento final, con el descargo de la gobernación, persistieron las deficiencias algunas como en la construcción y excavación de pozo artesiano en la localidad de 8° Línea Yroysa (distrito de Independencia); construcción de una fábrica de chacinados en Caroveni Viejo (Villarrica) y la construcción de estanque para engorde alevines en el distrito de San Salvador.
Algunos puntos coincidentes
Algunas de las observaciones del informe final de la CGR coinciden con los hallazgos del Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac). Esta cartera estatal realizó la verificación sobre las transferencias realizadas a la Comisión Directiva del Consejo de Emergencia Departamental, ONG presidida por el funcionario Carlos Ramos. La Senac también destacó que los G. 3.000 millones del segundo millón de dólares terminaron en manos de un empleado de la institución departamental, además los recursos públicos se entregaron sin cumplir varios requisitos legales.
Conexión “ilegal” a la red eléctrica
Una de las deficiencias más groseras en cuanto a obras encontradas por la CGR y que no pudieron ser refutadas por el gobernador Juan Carlos Vera tiene que ver sobre la construcción y excavación de pozo artesiano en la localidad de 8° Línea Yroysa del distrito de Independencia (Guairá). Para este trabajo, la institución departamental transfirió G. 212 millones a la Comisión Pro Agua Potable, presidida por Agripino Candia.
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El equipo auditor en su verificación realizada el 29 de junio de 2021 encontró que el sistema presentaba desperfectos debido a la precaria electrificación y es que la conexión a la red de la ANDE es aparentemente ilegal. “Falta medidor de la ANDE, la conexión eléctrica es directa desde los cables que se encuentran en la calle”, dice el informe final.
También se menciona que la puerta metálica de la caseta en la cual debe resguardarse la motobomba es bastante obsoleta y existen rastros de óxido y deterioro en las conexiones de la base del tanque.
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Por otro lado, en el informe final se habla sobre la construcción de los estanques para engorde de alevines. Para esta obra la gobernación transfirió G. 374 millones a la Comisión de Fomento y Desarrollo 30 de Agosto, presidida por Rolando Meaurio. Los trabajos estuvieron a cargo de Luis Servián, tesorero del Consejo de Emergencia Departamental, ONG mimada del jefe departamental.