El Ministerio Público investiga la ejecución de US $1 millón (G. 6.382 millones) que el Ejecutivo otorgó a la Gobernación de Central para generar fuente de trabajo en el XI departamento durante la pandemia. En este contexto, el gobernador colorado cartista Hugo Javier González Alegre, también imputado, transfirió G. 5.105 millones a la ONG Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), de Tadeo Andrés Álvarez Cristaldo, imputado.
Auditorías y fiscalizaciones realizadas por la Contraloría General de la República (CGR), la Secretaría Nacional de Anticorrupción (Senac), la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y Auditoría General del Poder Ejecutivo (AGPE), confirmaron que la rendición de cuentas está plagada de groseras y alevosas irregularidades, como facturas clonadas, facturas anuladas, proveedores y empresas fantasmas, entre otros.
En este contexto, Tadeo Álvarez, Hugo Javier y otras 13 personas fueron imputados el 1 de noviembre pasado por lesión de confianza, asociación criminal, producción de documentos no auténticos y declaración falsa. La fiscalía solicitó que ninguno de los procesados vuelva a ingresar a la Gobernación.
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El pasado 5 de abril se llevó a cabo la audiencia de imposición de medidas de Álvarez Cristaldo, en el Juzgado de San Lorenzo, donde la magistrada María Elena Cañete dictaminó el arresto domiciliario del titular de la ONG CIAP. Inmediatamente, su defensa solicitó la revisión de medidas que tuvo lugar ayer viernes.
En la ocasión, el procesado ofreció una fianza de G. 750 millones, que fue rechazado por la jueza Cañete, ya que la misma consideró que de conformidad al Código Procesal Penal, “el hecho que se le atribuye es grave”.
Desde el Juzgado, explicaron “el perjuicio es demasiado elevado” y que el procesado solo ofreció la fianza mencionada. “Además, se tiene en cuenta que todo esto ocurrió en pandemia”, manifestaron. Por lo tanto, Tadeo Álvarez, seguirá con arresto domiciliario.
Cabe destacar que según el estatuto social de la ONG CIAP, de Álvarez Cristaldo, la fundación no está capacitada y habilitada para la ejecución de obras de construcción y de mejoras en espacios públicos de ningún tipo. Este hecho fue considerado grave por los entes de control intervinientes, debido a que Tadeo realizó varias obras de construcción que ahora se encuentran en deplorable estado.
Mientras tanto, Nicolás Álvarez Doria (síndico) y Paulino de los Santos Palacios Recalde (tesorero), ambos de CIAP, quienes también son investigados en la causa y como medida tenían arresto domiciliario, obtuvieron libertad ambulatoria luego de considerar en la revisión de medidas.
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Según detalles, la fundación CIAP recibió la suma de G. 5.105 millones fraccionados en cuatro cheques consecutivos, que debían ser depositadas en una cuenta bancaria de conformidad a la ley. El cheque Nº 07524976 de fecha 10/02/2021 fue por G. 2.297 millones, también los números 07524980, 07524977 y el 07524979, todos de fecha 12/02/2021 fueron por las sumas de G. 1.531 millones, G. 765 millones y G. 510 millones, respectivamente.
Nicolás Eduardo Álvarez Doria cobró en ventanilla del Banco Nacional de Fomento (BNF) el primer cheque. Los demás, también fueron efectivizados en ventanilla por el tesorero de CIAP, Paulino de los Santos Palacios Recalde.
Audiencia del gobernador
El próximo 12 de abril será la audiencia de imposición de medidas del gobernador de Central, Hugo Javier González, cartista, en el Juzgado de San Lorenzo a las 08:30. Los fiscales intervinientes solicitaron como medida cautelar que todos los imputados no vuelvan a ingresar a la institución departamental.