El juez Yoan Paul López fijóó para el lunes 18 de abril, a las 10:00, la audiencia de imposición de medidas cautelares para la jueza Tania Carolina Irún Ayala (44 años), procesada por entregar unas 310.000 hectáreas de tierras ubicadas en zona de seguridad fronteriza a las por las firmas Cusabo Limited, Kyveloria Limited, Firstar Investments y Elite Kingdom Investments.
López fue confirmado en esta causa por el Tribunal de Apelación Penal integrado por los camaristas Cristóbal Sánchez, Agustín Lovera Cañete y José Waldir Servín, quienes hicieron lugar a la impugnación presentada por el juez Mirko Valinotti contra la inhibición de su colega López, quien había argumentado amistad con Irún Ayala.
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Sin embargo, Valinotti fundamentó en su escrito de impugnación que su colega Yoan Paul López no adjuntó fotos o documentos que demuestren un trato frecuente o vínculo cercano con la imputada, que afecte su imparcialidad en la causa.
Fiscalía recibió informe sobre acciones de firmas extranjeras
Por su parte la fiscala Natalia Fúster, quien solicitó medidas alternativas a la prisión para la exmagistrada informó que hace dos semanas el Ministerio Público recibió el informe de Chipre sobre los estatutos de constitución de las sociedades Cusabo Limited y Kyveloria Limited, dos de las firmas beneficiadas con las tierras entregadas por Irún Ayala en el Chaco y que están constituidas en el país europeo.
Sin embargo la agente puntualizó que el informe está en inglés y que la fiscalía debe hacer un llamado a concurso para adjudicar la traducción del documento a uno de los profesionales matriculados ante el Ministerio Público para luego incluirlo al expediente de la presente causa.
Imputación por presunto prevaricato contra Tania Irún
Según la imputación presentada por la fiscal Natalia Fúster la resolución de la exjueza Irún Ayala violó la Ley especial Nº 2532/05 “Que establece la Zona de Seguridad Fronteriza de la República del Paraguay”, artículos 1º; 2º; 4º y 8º, al conceder las tierras a las firmas extranjeras mencionadas.
La agente de la Unidad contra Delitos Económicos y Anticorrupción detalló en la imputación que el 23 de noviembre de 2018 Irún Ayala, entonces jueza de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Décimo Quinto Turno de la Capital, dictó la Sentencia Definitiva N° 494, en el marco del juicio caratulado “Cusabo Limited y otros c/ Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial s/ cumplimiento de contrato y obligación de hacer escritura pública”.
Mediante este fallo la magistrada resolvió hacer lugar a la demanda de cumplimiento de contrato y obligación de hacer escritura pública promovida por las firmas Cusabo Limited, Kyveloria Limited, Firstar Investments y Elite Kingdom Investments contra la Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial (secta Moon) y en consecuencia intimó a la demandada a otorgar la escritura pública traslativa de dominio de unos 24 inmuebles ubicados en el departamento de Alto Paraguay consistentes en 310.000 hectáreas aproximadamente, a favor de las firmas accionantes mencionadas.
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Lo que dice la imputación
La imputación indica que la entonces magistrada no habría corroborado los datos precisos de las identidades y nacionalidades de los representantes legales, tampoco la calidad de las acciones o títulos (si los mismos eran nominativos o al portador) de las firmas extranjeras demandantes en incumplimiento a lo establecido en la Ley especial N° 2532/05 (que establece la zona de seguridad fronteriza de la República del Paraguay).
El artículo 305 del Código Penal sobre prevaricato prevé: 1º El juez, árbitro u otro funcionario que, teniendo a su cargo la dirección o decisión de algún asunto jurídico, resolviera violando el derecho para favorecer o perjudicar a una de las partes, será castigado con pena privativa de libertad de dos a cinco años.