La jueza María Elena Cañete, del Juzgado de San Lorenzo, ordenó el arresto domiciliario de Nicolás Álvarez Doria (síndico), Paulino de los Santos Palacios Recalde (tesorero) y Tadeo Andrés Álvarez Cristaldo (presidente), los tres miembros de la fundación CIAP. En 2021 la oenegé recibió G. 5.105 millones de la administración del gobernador de Central, Hugo Javier González Alegre, colorado cartista, para la ejecución de obras de construcción.
La Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) imputó a todos, incluyendo al gobernador y a otras 11 personas, por lesión de confianza, producción de documentos no auténticos, asociación criminal y declaración falsa.
El dinero público que recibió CIAP era parte del fondo covid-19 de US$ 1 millón (G. 6.382 millones) que el Ejecutivo transfirió a la Gobernación de Central para generar fuente de trabajo en el XI departamento durante la pandemia. Pero en las rendiciones de cuentas de CIAP y la Gobernación aparece una serie de irregularidades como facturas clonadas, facturas anuladas, otras reemplazadas para maquillar el desfalco, empresas y proveedores fantasmas, entre otras anomalías.
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Cobraron los cheques en ventanilla
La Contraloría General de la República (CGR) confirmó en el informe final de auditoría que la Gobernación de Central transfirió US$ 1 millón a las oenegés “en cheques y no depositadas en cuentas bancarias”, como lo exige la ley.
Según detalles, la fundación CIAP recibió la suma de G. 5.105 millones fraccionados en cuatro cheques consecutivos. El cheque Nº 07524976 de fecha 10/02/2021 fue por G. 2.297 millones, también los números 07524980, 07524977 y el 07524979, todos de fecha 12/02/2021 fueron por las sumas de G. 1.531 millones, G. 765 millones y G. 510 millones, respectivamente.
Nicolás Eduardo Álvarez Doria, que funge de síndico y es sobrino del presidente, Tadeo Álvarez, cobró en ventanilla del Banco Nacional de Fomento (BNF) el primer cheque. Los demás, también fueron efectivizados en ventanilla por el tesorero de CIAP, Paulino de los Santos Palacios Recalde.
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Contraloría confirmó irregularidades
La Contraloría General de la República (CGR) fiscalizó las obras hechas por la ONG CIAP en Areguá, Luque, San Lorenzo, Fernando de la Mora, Guarambaré, Villa Elisa y San Antonio; y se confirmó innumerables irregularidades como la falta de planos, presunta sobrefacturación, nula fiscalización de todas las obras, entre otras. Los auditores concluyeron que “la falta de fiscalización por parte de la Gobernación del departamento de Central”, así como lo establecido en las Especificaciones Técnicas del contrato, dio origen a las situaciones irregularidades.
Una de las anomalías más llamativas se refiere al asfalto hecho en el acceso del Consejo Regional de Salud y Parque Sanitario, que costó G. 390 millones, supuestamente pagados con el fondo covid-19 que recibió CIAP. Sin embargo, dicha capa asfáltica ya existía desde dos meses antes de la promulgación de la Ley Nº 6641/2020, que regulariza el uso del millón de dólares.
Audiencia del gobernador
El próximo 12 de abril será la audiencia de imposición de medidas del gobernador de Central, Hugo Javier González, cartista, en el Juzgado de San Lorenzo a las 08:30. Los fiscales intervinientes solicitaron como medida cautelar que todos los imputados no vuelvan a ingresar a la institución departamental. Entonces, en el caso del gobernador, deberá ser separado del cargo.
A propósito, concejales departamentales de la bancada “A” del Partido Liberal instan a la jueza del caso allanarse a la medida cautelar solicitada por la Fiscalía de Delitos Económicos. Los ediles sostienen que el administrador departamental “ya no puede seguir al frente de la Gobernación”. Aseguran además que Central necesita otro gobernador para la reactivación de los programas sociales.