Torturas en Academil: juez afirma que Fiscalía puede y debe intervenir

El juez Gustavo Amarilla explicó que, ante la inacción de la Justicia Militar, el Ministerio Público puede y debe intervenir en el caso de las torturas denunciadas dentro de la Academil. Recordó que actualmente hay un uniformado preso por haber agredido el año pasado a “escobazos” a seis cadetes y cuatro aspirantes.

Acceso al Hospital Militar, donde se encuentra internado un joven que fue brutalmente golpeado dentro de la Academil.ABC Color
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Ante las escandalosas denuncias de torturas dentro de la Academia Militar, el juez Gustavo Amarilla explicó que la Justicia Militar es la primera instancia que debe proteger y asistir a las víctimas, pero ante la inacción, Derechos Humamos de la Fiscalía tiene competencia para intervenir.

“Si el Ministerio Público ve que no pasa nada a partir de la noticia criminis que está sucediendo en el interior de un establecimiento militar, debe recabar información o directamente emitir los antecedentes. Los dos resortes (Fiscalía y Justicia Militar) deben estar”, manifestó.

Cabe resaltar que un cadete se encuentra internado tras haber recibido una brutal golpiza y numerosos padres están denunciando que sus hijos fueron golpeados de diferentes maneras y luego rogaron para salir de la Academil, pese a que eso implicaba abandonar sus sueños.

Militar preso por “escobazos” a cadetes

En otro momento, recordó que el año pasado recibió un recurso de habeas corpus presentado por un militar que se encuentra preso por orden de la Justicia Militar. Contó que el uniformado solicitó que un juez de la Justicia ordinaria intervenga porque decía tener lesionados sus derechos procesales y pedía su libertad.

Cuando pidió información se enteró de que el militar estaba acusado de haber golpeado a “escobazos” a seis cadetes y cuatro aspirantes.

“Mi juzgado corrió traslado al presidente de la Justicia Militar y se me acercó todo el proceso que se le hizo a esta persona y la conclusión que saqué fue que de ninguna manera se vulneró ningún derecho constitucional. Había un fallo firme, tuvo derecho a apelaciones y la Justicia ordinaria no tenía por qué meterse en la Justicia Militar y ordenar la libertad de una persona que tiene un proceso claro”, puntualizó.

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