El ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, en octubre del año pasado había remitido una nota al diputado Raúl Latorre, presidente de la Comisión de Justicia, Trabajo y Previsión Social, como respuesta a la consulta que se le hizo a la cartera fiscal sobre el proyecto de ley “Que modifica el artículo 1° de la Ley N° 4992/2013, que reglamenta, modifica y amplía las funciones de los actuarios de Juzgados y Tribunales del Poder Judicial”.
La cartera fiscal pidió el rechazo del citado proyecto de ley, pero la Cámara de Diputados este miércoles lo aprobó por mayoría de votos y la normativa pasa ahora a consideración de la Cámara de Senadores para su sanción, que de darse significará abrir la canilla de los recursos provenientes de los impuestos pagados por los contribuyentes para la repartija, atendiendo que los demás sectores también reclamarán un incremento salarial aprovechando el año electoral, como ya lo vienen haciendo desde algunos sindicatos públicos.
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La modificación que se incluye al artículo 1° de la ley 4992, establece que los actuarios judiciales, secretarios o auxiliares de Justicia que se encuentren comprendidos en las generales de la presente ley, percibirán un salario mensual equivalente al 75% del salario correspondiente a los Jueces de Primera Instancia de la República del Paraguay, más las bonificaciones correspondientes al cargo.
Ganaran G. 12.135.750 mensual
La nota de Hacienda explica que el anexo de personal de la Corte Suprema de Justicia cuenta con 804 categorías correspondiente a actuarios judiciales, cuya asignación mensual es de G. 6.500.000 y para los Jueces de Primera Instancia de los distintos fueros, se prevé una asignación mensual de G. 14.181.000.
Los actuarios, de este modo, pasarán a ganar G. 10.635.750 mensuales, lo que implica un incremento de G. 4.135.750 y equivale a 63,6%, pero sumado a esto la bonificación de G. 1.500.000 que perciben, el ingreso total ascenderá a G. 12.135.750.
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La cartera fiscal indica al respecto, que el costo estimativo efecto año completo de la implementación de la presente propuesta sería de un total de G. 43.226.859.000 (sueldo más aguinaldo).
Además, menciona que los beneficiarios de la presente propuesta serían los actuarios judiciales, secretarios o auxiliares de justicia que se encuentren comprendidos en las generales de la presente ley.
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En ese sentido, hace hincapié que se debería considerar el costo que conllevaría la inclusión no solo de los actuarios judiciales (cuya denominación también es secretario según el Código de Organización Judicial), sino de los auxiliares de justicia, que cuentan con diferentes categorías de diferentes monto, por lo tanto con la inclusión como beneficiario de los mismos el costo de la aplicación de lo dispuesto en el presente proyecto aumentaría.
Expresa que los salarios y beneficios de los funcionarios del Poder Judicial son financiados con recursos genuinos del Tesoro Público y en caso de requerirse recursos adicionales se debería tener en cuenta la situación actual de la Tesorería General y que cualquier incremento en el gasto ampliaría la brecha del déficit fiscal.
El déficit fiscal se disparará
El estudio de Hacienda se hizo en el contexto del presupuesto 2021, ya que el proyecto de ley viene de ese año, que cerró con un saldo rojo de -3,6% del PIB; pero igualmente el ejercicio 2022 se mantiene en una situación similar a la del año pasado, teniendo en cuenta que el presupuesto contempla un déficit de -3% del PIB, lo que finalmente podría dispararse con la implementación de esta ley con media sanción actualmente.
“Teniendo en cuenta la situación actual de la Tesorería General no existe márgenes para asignar nuevos recursos dentro del Presupuesto General de la Nación que implique aumento de gastos dentro de la Fuente de Financiamiento 10 ‘Recursos del Tesoro’ para el presente ejercicio fiscal, salvo que sea en detrimento de otros compromisos ya asumidos dentro del Presupuesto de la Corte Suprema de Justicia”, dice la nota.
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Hacienda afirma que el proyecto de ley pretende establecer porcentajes automáticos de nivel salarial, sin tener en cuenta criterios eficientes de asignación de recursos contra resultados y planes y, por sobre todo, sin considerar competencias ni establecer un diseño de escala salarial. “En tal sentido, entendemos que se encuentran en trabajo un proyecto de ley que establece la carrera judicial y que en armonización con dicha norma deben establecerse los criterios salariales que diferencien las diferentes funciones dado que este proyecto pretende veladamente igualar la asignación salarial de un actuario (secretario) con todos los auxiliares de justicia, cuyo rango y funciones varía, sin tener diferenciación en funciones ni responsabilidades”, señala la cartera económica.