La decisión que tomó ayer, miércoles 30, la Cámara de Diputados de aprobar un aumento salarial del 63,6% para los actuarios judiciales, con un costo de por lo menos G. 43.000 millones (US$ 6,1 millones) al año, causa preocupación no solo en el Ministerio de Hacienda sino también en el ámbito privado.
Le consultamos desde ABC a Barreto sobre este punto y manifestó su preocupación porque este hecho se suma a otras decisiones que se vienen tomando y, al respecto, dijo que es la primera que tiene una preocupación real sobre las finanzas públicas y el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica que tanto costó recuperar en el 2003.
Sostuvo que las demandas salariales son muy elevadas y el déficit fiscal se va a ampliar este año, tanto por efecto de la recesión económica como del injustificado subsidio a los combustibles. “Es más, este déficit adicional no tiene financiamiento genuino aún y probablemente el Tesoro va a recurrir a anticipos del Banco Central del Paraguay o ampliará su atraso de pago con los proveedores, ampliando la deuda flotante sustancialmente”, indicó.
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El exministro alerta que el panorama que se vive actualmente es muy parecido al que se tuvo en el 2002 (cuando el Estado entró en cesación selectiva de pago), además indicó que la inflación sigue alta y con aumentos salariales masivos la misma va recrudecerá aún más.
“Hasta el momento mi recomendación había sido de prudencia al BCP con su política de ajustes de tasas de interés, pero si empieza un festín con los salarios públicos, además del ajuste del salario mínimo privado, yo creo que lo más razonable sería que el BCP apriete el freno fuertemente si quiere evitar una mayor aceleración inflacionaria mientras esperamos que el próximo Gobierno corrija los desequilibrios fiscales o si definitivamente nos llevan por el sendero de la inestabilidad económica y financiera nuevamente”, afirmó.
Ejecutivo vetará aumentos
El ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, adelantó ayer que si se llega a sancionar el proyecto de ley, el Ejecutivo lo va a vetar, porque abre las puertas para que todos en el sector público planteen lo mismo.
Argumentó que las finanzas públicas están en una situación deficitaria, las estimaciones apuntan que este año se tendrá un menor crecimiento de la economía y eso disminuirá el nivel de recaudación, por lo que podría aumentar el déficit fiscal.
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El referido proyecto de ley aprobado por Diputados modifica el artículo 1° de la ley 4992, que establece que los actuarios judiciales, secretarios o auxiliares de Justicia que se encuentren comprendidos en las generales de la presente ley, percibirán un salario mensual equivalente al 75% del salario correspondiente a los Jueces de Primera Instancia, más las bonificaciones correspondientes al cargo.
Según los datos expuestos en la sesión, hay 804 actuarios con un sueldo mensual de G. 6.500.000 y una bonificación de G. 1.500.000, pero el proyecto de ley aumenta el salario a 10.635.750 mensuales, que implica un incremento de G. 4.135.750, con lo que el ingreso total de cada actuario será finalmente G. 12.135.750 (incluyendo la bonificación).