Fiscalía allana Gobernación de Guairá

Una comitiva fiscal encabezada por la fiscala Liliana Alcaraz, en compañía de funcionarios de la Secretaría de Estado de Tributación (SET), se encuentra en la sede de la Gobernación de Guairá, administrada por Juan Carlos Vera Báez (ANR, cartista).

Juan Carlos Vera Báez (ANR, cartista) está bajo la lupa del Ministerio Público.abc color
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El lunes, con firmas del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y del ministro del Interior, Federico González, fue remitido a la Cámara de Diputados el pedido de intervención de la Gobernación de Guairá, tras las denuncias por supuesta malversación de los fondos de emergencia COVID.

Para tratar de recolectar más datos, el Ministerio Público y la SET están ahora buscando documentos de la gestión del cartista Juan Carlos Vera Báez.

El pasado 25 de marzo, funcionarios de la Secretaría de Estado de Tributación (SET) realizaron un allanamiento en la sede de la Gobernación, pero los encargados administrativos se negaron a colaborar con los investigadores, por lo que no pudieron incautar documentos. Esto derivó en una denuncia por parte de la SET por incumplimiento de la ley de transparencia fiscal.

Debido a eso, esta mañana la fiscala Alcaraz acompañó a los funcionarios de SET para llevar adelante dicha diligencia

“Estamos confirmando. La Fiscalía hace el allanamiento en este procedimiento. Funcionarios de Tributación acompañan este procedimiento. Nosotros estamos apoyando a la Fiscalía en este caso. Entiendo que están Osmar Legal, Liliana Alcaraz y dos más. Enviaron 10 funcionarios de SET para acompañar”, dijo el titular de la SET, Óscar Orué.

El pedido de intervención de la Gobernación de Guairá fue aprobado por la Junta Departamental el pasado 9 de febrero con 14 votos a favor y una abstención.

La Junta había rechazado la ejecución presupuestaria

La Junta Departamental de Guairá rechazó el 15 de marzo pasado la ejecución presupuestaria del gobernador Juan Carlos Vera Báez (ANR, cartista) y denunció una sobrefacturación en la construcción de pozos, en la lumínica de un estadio y en empedrados por los que se gastaron G. 5.958 millones y el despilfarro de G. 3.000 millones en un hospital respiratorio que no está operativo, entre otras irregularidades.

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