El pedido de auditoría a la CGR fue aprobado por resolución N° 30/2022, y obedece a que los concejales, pese a reiterados pedidos realizados al intendente Penayo, este se desentiende en enviar los informes de ingresos, gastos de corte administrativo y los manejos administrativos poco claros de su gestión, porque no rindió siguiera cuentas a los ediles sobre las ejecuciones presupuestarias.
Los concejales, como representantes del pueblo, deben estar informados de qué manera se recibió la municipalidad y hasta la fecha en qué condiciones se encuentra. El intendente está tomando represalia contra los siete concejales que le cuestionan, a quienes le deben cerca de dos meses de salario, mientras que con los adherentes de Penayo están al día en sus salarios.
En ese sentido, faltan cobrar sus dietas los colorados Cayo Barboza y Rubén Pedrozo y los liberales Lucas Giménez, Ricardo Aquino, David Rojas, Domilgo Villalba y Mabel Shupp. A esto se suma que no paga salario a algunos funcionarios que son liberales y que entraron hace años en la Municipalidad y fueron trasladados, degradados y removidos indebidamente, y el siguió metiendo a gente de su entorno político.
El intendente Penayo tampoco presentó a la Junta Municipal el informe del último cuatrimestre del Ejercicio 2022. No informa sobre la investigación que está realizando de oficio la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), con respecto a la distribución del almuerzo escolar del ejercicio 2021, para este distrito, el llamado a licitación de obras varias, la unidad de transporte de estudiantes universitarios, dependiente de la Municipalidad local no tiene permiso de la Dinatrán y tampoco cuenta con seguro de pasajeros, entre otros.
El festejo del derrocamiento de los liberales después de 20 años en el poder municipal, poco a poco se fue diluyendo en este distrito, porque el ejecutivo comunal, Penayo, está tomando los mismos comportamientos de algunos intendentes, hace caso omiso a las informaciones requeridas por su Junta Municipal, y esto genera roncha entre un grupo de siete concejales.
Por su parte, el intendente Penayo dijo que él está de acuerdo a que venga la Contraloría a fiscalizar, pues –según dijo– al menos en su gestión no van a encontrar nada irregular, y los cuestionamientos que hacen no tienen fundamento.
“Cuestionan por hacer solo oposición y a todo lo bueno que se hace critican, lanzan piedras; por qué no vienen a trabajar de cerca si para eso fueron electos”, expresó. Pero no dijo por qué no envía los documentos requeridos por la Junta Municipal.
Dijo que no hace discriminación en el pago de salario y que de acuerdo a las posibilidades se va pagando; en el caso de los funcionarios, agregó que no es una persecución, pues se les asignaron otras tareas que no pueden hacer o se niegan a hacer.
Con respecto al transporte de universitarios, dijo que puso a favor de los estudiantes dicho servicio que es gratuito y nadie está obligado a viajar si se siente inseguro y si tiene medios en que pueda viajar. “Nadie que viaja en vehículo particular tiene seguro y por qué objetan ahora los concejales si es una solución para los universitarios. Son incoherentes, los jóvenes están muy contentos que se les lleve y traiga gratis y no se puede buscar seguro, porque no está presupuestado para este año”, añadió.