La decisión de Seprelad somete a los abogados a las mismas obligaciones que los Bancos, lo que supondría oficiales, manuales, diligencias, monitoreos, auditorías, hasta inmovilizar fondos.
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En este sentido, los profesionales que firman las acciones de inconstitucionalidad en Asunción y Ciudad del Este solicitan como medida cautelar de urgencia la suspensión de efectos de la resolución 299, atacada de inconstitucional, dictada por dicha cartera de Estado en agosto del 2021, como parte del mecanismo de prevención de lavado de dinero.
“No hablamos solamente de secretos, está vigente el código penal, es punible para mí revelar una identidad”, indicó el abogado Manuel Riera en diálogo con el programa Mesa de Periodistas.
Adelanto que “estoy terminando de armar los documentos, entrarán dos acciones más, calculamos que serían 550 personas en un total de seis acciones”.
La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia deberá analizar el caso una vez admitida la acción para luego correr vista a la Fiscalía General del Estado para su dictamen.