Profesores y directores miembros del Sindicato Nacional de Directores de Instituciones Educativas (Sinadi), alumnos del Centro Educativo Departamental Municipal “Dr. Mariano Celso Pedrozo”, docentes y padres, llegaron hasta la Gobernación de Central.
Los manifestantes aguardaron ser atendidos por el administrador departamental, el cartista Hugo Javier González Alegre, imputado por lesión de confianza y otros hechos, pero solo envió a sus representantes, la secretaria de Educación Raquel Solaeche y al director administrativo Roberto González.
De la Gobernación de Central dependen 16 centros educativos técnicos con enfoque en diferentes especialidades. Fueron matriculados más de 2.000 alumnos, que desde abril podrían quedar sin clases. A la fecha, varios docentes ya no prestan servicios debido a la falta de pago.
La institución departamental dejó de transferir desde febrero los fondos correspondientes para el pago de educadores, de limpiadoras, guardias y también para el mantenimiento de cada centro. Muchos de los trabajadores no perciben ni siquiera el salario mínimo vigente de G. 2.289.324.
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El recorte se debe a que el presupuesto de las 17 gobernaciones departamentales tuvo modificaciones dentro del Presupuesto General de la Nación 2022. El Senado decidió “mudar” los recursos establecidos como transferencias (rubro 800), destinados de forma descontrolada a las organizaciones no gubernamentales (ONG), al rubro de construcciones, de tal manera a que su uso sea más transparente y tenga trazabilidad para controlar.
La medida, ahora con sanción de ley, fue propuesta por la senadora Blanca Ovelar (ANR), atendiendo los últimos hechos de corrupción que se hicieron públicos, y que fueron perpetrados desde las Gobernaciones. Estas transfirieron fondos a varias oenegés para llevar a cabo supuestas obras y así evitar las licitaciones y posteriores controles sobre la ejecución de los fondos.
Pero los legisladores no tuvieron en cuenta que en Central, los centros educativos recibían dinero para su funcionamiento precisamente del rubro 842, que forma parte del grupo 800. El presupuesto del 2021 para las instituciones educativas fue de G. 4.200 millones.
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Posible solución en 90 días
Docentes, padres y alumnos alegaron esta mañana que necesitan con suma urgencia una respuesta, porque muchos alumnos ya no están en aula por falta de docentes. El director de Administración y Finanzas, Roberto González, dijo que solicitaron al Ministerio de Hacienda autorización para el uso de otro rubro para cubrir las necesidades, pero prometió una respuesta recién dentro de 90 días. Lo manifestado fue duramente cuestionado por los presentes.
En todo momento, los funcionarios de la Gobernación de Central culparon a los legisladores sobre el recorte presupuestario. Justamente, el gobernador de Central, Hugo Javier González Alegre, cartista, es uno de los más cuestionados ya que despilfarró los fondos realizando millonarias transferencias a favor de las ONG de su preferencia, como el Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), Plantemos Consciencia, Tekove Servicio de Acción Social, y otras.
Por su parte, la secretaria de Educación, Raquel Solache, aseguró que el gobernador Hugo Javier está preocupado por la situación y que se encuentra haciendo lo humanamente posible para conseguir los fondos para los centros educativos. La funcionaria prometió que acompañará a los docentes hasta el despacho de la senadora Blanca Ovelar, para que la misma plantee nuevamente una modificación respecto a la no transferencia a organizaciones no gubernamentales.
Hugo Javier González (cartista), actualmente está imputado junto con otras 16 personas, por lesión de confianza, asociación criminal, declaración falsa y producción de documentos no auténticos, referente a la ejecución de US$1 millón, fondo covid, en cuya rendición de cuentas aparecieron facturas clonadas y un sinfín de anomalías.