El sometimiento de la justicia al poder político no se limita a un sector en específico, tal como lo demuestran una docena de causas abiertas o bien, algunas “iniciadas” en Fiscalía.
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Si bien en el libelo acusatorio para plantear el juicio político de la Fiscal General del Estado, Sandra Quiñónez, se evidenció una reiterativa actitud de congelar casos ligados al grupo político del expresidente Horacio Cartes, hay varios oficialistas que también se benefician, tanto en la Fiscalía como en la Corte. (Ver infografía).
Cuando hay políticos de por medio, no es raro ver acuerdos, donde luego de ser pillados, devolviendo lo robado se logra la impunidad.
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Pasó recientemente con el blanqueo al diputado Tomás Rivas (ANR, oficialista), que quedó impune en el caso “niñera de oro”, libre de condena tras devolver lo cobrado, con la connivencia de los jueces Héctor Capurro y Juan Carlos Zárate Pastor. Esa misma estrategia estaría intentando aplicar la extitular de Petropar, Patricia Samudio, aunque en ambos casos se opuso la Fiscalía.
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Otra estrategia común es tratar de “desmembrar” los casos. Se intentó –sin éxito– con el robo de evidencias en el caso Ramón González Daher y en el caso del diputado Miguel Cuevas (ANR, oficialista), se podría dar con la desestimación de pruebas claves como son los informes técnicos y las pericias.
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Las chicanas son las estrategias más comunes y efectivas, gracias a la habitual complacencia de la Corte. De ellas se valen varios, como por ejemplo el imputado gobernador de Central, Hugo Javier González (ANR, cartista), aunque el indiscutido “líder” en los últimos tiempos es el exgobernador de Presidente Hayes Óscar “Ñoño” Núñez.
En Fiscalía es común que el anuncio de investigaciones no tenga más objetivo que terminar en el oparei o yendo al freezer como ocurre hasta ahora con los casos vinculados a Cartes o el diputado Erico Galeano.